Agencia Reforma
Un juez federal declaró hoy en quiebra a Corporación GEO, pese a que la viviendera había iniciado en noviembre pasado un proceso de liquidación voluntaria.
Luis Ibarra Navarrete, juez Octavo de Distrito en Materia Civil, declaró fundada una demanda de concurso mercantil involuntario en etapa de quiebra, presentada el pasado 24 de septiembre por Banorte, el principal acreedor de GEO.
“Se ordena a la comerciante, a sus administradores, gerentes y dependientes, que entreguen al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles”, ordenó el Juez en su sentencia.
“Se ordena al síndico que de inmediato inicie las diligencias de ocupación, mediante inventario, libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento y proceso de información, existencia en caja y todos los bienes de la comerciante que se encuentren en posesión de éstos y de cualquier otra persona”.
El síndico será designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), y una de sus labores será auxiliar al juez en el reconocimiento y graduación de las deudas que se tendrán que pagar con los bienes de GEO que se logren vender.
La decisión del juez genera una situación inusual, pues GEO inició su proceso de liquidación bajo reglas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, e incluso nombró como liquidador a Daniel Tapia Izquierdo.
En cambio, en la quiebra bajo la Ley de Concursos Mercantiles, el juez toma todas las decisiones relevantes, y él es quien aprueba el nombramiento del síndico que se encarga de liquidar los bienes.
GEO ya había pasado por un largo proceso de concurso mercantil, que incluyó conciliación con acreedores a los que debía más de 60 mil millones de pesos, y culminó en 2016 con un convenio que incluyó una inyección de capital de 3 mil millones de pesos por parte de Banorte.
En mayo de 2018, GEO anunció que Sólida, filial inmobiliaria de Banorte, la había demandado por incumplir obligaciones de un fideicomiso del que son socias, con la idea de quedarse con terrenos valuados en dos mil 888 millones de pesos.
“La sociedad se ha visto en la imposibilidad de generar efectivo y/o captar recursos suficientes para realizar su objeto social consistente, principalmente, en la construcción y desarrollo comercial de bienes inmuebles”, dijo GEO cuando acordó su liquidación luego de 45 años de operar.
El precedente más parecido a este caso es el de la sociedad financiera popular Ficrea, intervenida por el Gobierno a finales 2014 tras ser descubierto un fraude masivo de su fundador, Rafael Olvera.
El Gobierno inició la liquidación de Ficrea por vía administrativa, pero meses después, ante una demanda de ahorradores, un juez declaró la quiebra, nombró a un síndico y tomó las riendas del proceso para resarcir a los afectados, que sigue en curso.
