CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su ruta para castigar el presunto sobrecosto de 2 millones de dólares de un helicóptero comprado para el uso de Jesús Murillo Karam porque inició el proceso 25 días después de que había prescrito.
Luis Pérez, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió que está prescrito el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades imputado al General José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos, y a Gustavo Armando Kanan Brito, ex director de Recursos Materiales de la PGR.
Sin embargo, decidió mantener procesado al General por asentar hechos presuntamente falsos en el dictamen que fue elaborado para exceptuar la licitación y adquirir esta aeronave mediante una adjudicación directa.
De acuerdo con la sentencia, la causa penal se sobreseyó, con efectos de sentencia absolutoria, porque el plazo para perseguir el delito concluyó el 30 de enero de 2020 y los dos ex servidores públicos fueron procesados hasta el 24 de febrero siguiente.
Al mismo tiempo, Pérez de la Fuente ratificó la vinculación a proceso únicamente contra el General Ramos Arévalo por el delito de falsificación agravada de documento, porque su plazo de prescripción vence hasta el 17 de octubre de 2022.
Según la Fiscalía General de la República, Ramos Arévalo supuestamente incurrió en el delito de falsificación agravada de documento, al asegurar que el precio del helicóptero era de 7 millones de dólares, indicando como fuente de información la publicación Aircraft Bluebook.
La supuesta falsedad radica en que el precio asentado de la aeronave no era el de equipo nuevo de fábrica, sino usado, cuyo valor de venta al menudeo promedio era de 6 millones 600 mil dólares y de venta al mayoreo de 5 millones 858 mil dólares.
Durante el tiempo que lleva este proceso, ambos ex funcionarios han estado en libertad provisional y el General continuará bajo esa condición legal.
Ante el revés judicial, la FGR ha decidido jugarse una última carta, promover un amparo directo con el que busca alegar una excepción legal: la afectación a su patrimonio.
Este es el segundo asunto relacionado con compra de aeronaves en que la presente administración de la FGR sufre un revés judicial y sus imputaciones son desestimadas parcial o totalmente por la justicia federal ante la falta de elementos.
A fines del 2020, el magistrado Pérez de la Fuente canceló los procesos contra Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, y Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, por la compra con sobreprecio de un avión.
La aeronave costó 19.5 millones de dólares, pero la nueva administración de la FGR sostuvo que se pagó un sobre costo de 4 millones de dólares, imputación que fracasó. En este caso, la Fiscalía impugnó sólo la sentencia de la ex colaboradora de Murillo Karam
Agencia Reforma
