Ciudad de México| La Suprema Corte de Justicia rechazó intervenir en la disputa legal por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, ejecutado para permitir la operación simultánea de tres aeropuertos.
La Primera Sala de la Corte notificó este lunes que ninguno de los ministros que la integran manifestó interés en hacer suya la solicitud de atracción promovida por uno de los residentes de Huixquilucan que, desde abril pasado, promovieron amparos contra el rediseño.
Javier Mijangos y González, el abogado que presentó este amparo, había pedido a la Corte atraer un recurso de revisión contra la negativa de suspensión definitiva dictada el 21 de mayo por Juan Carlos Guzmán Rosas, el juez federal que concentra todas las demandas contra el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) en Santa Lucía.
Mijangos no tenía legitimación para solicitar la atracción, por lo que su solicitud fue puesta a consideración de la Sala en sesión privada del 29 de septiembre.
Al no existir interés de algún ministro por asumir la solicitud como propia, el expediente regresará al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que desde mayo revocó todas las suspensiones provisionales contra el rediseño, concedidas por jueces federales de Naucalpan.
Estos jueces tuvieron que turnar los amparos a Guzmán Rosas, por orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que el rediseño fue elaborado por la empresa francesa NavBlue, filial de Airbus, por ser necesario para la operación simultánea del AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto de Toluca.
Mijangos encabeza un despacho dedicado a litigio estratégico, y fue secretario del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia.
El abogado vive en el fraccionamiento La Herradura, y afirma que el y su familia sufren afectaciones a su derecho humano a un medio ambiente sano, por el ruido constante de los aviones al usar las nuevas rutas, mismo alegato de otras personas y asociaciones que han presentado amparos.
Estas demandas tienen mínimas posibilidades de que se dicte una sentencia de fondo en la que se declare que el rediseño viola derechos humanos, pues el tribunal colegiado, que tendrá la última palabra sobre el tema, ha sido claro en que la operación aérea es de interés público.
“La ponderación entre el derecho que tienen los particulares y el interés social inmerso, lleva a concluir que en el caso concreto, se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, en tanto que la colectividad tiene interés en la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado”, afirmó el tribunal, cuando revocó las suspensiones provisionales.
En abril, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo que le era imposible cumplir las suspensiones que otorgaron los jueces de Naucalpan, por lo que Mijangos denunció este incumplimiento ante Guzmán Rosas, quien aún no dicta sentencia sobre este tema.
REFORMA.
