México y Estados Unidos sostienen negociaciones para que el gobierno mexicano apruebe visados para que los agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) puedan trabajar en la nación, informó el martes Ken Salazar, embajador estadounidense en México.
México dejó de emitir las visas para los agentes de la DEA luego de promulgar una ley que limitó sus operaciones en el país y les retiró su inmunidad, de acuerdo con reportes de medios de comunicación locales.
Salazar no especificó si se ha congelado por completo la emisión de visas para la DEA, pero dijo que ambas naciones discuten el asunto y están cerca de una solución.
“Estamos avanzando en varios frentes”, comentó Salazar. “Lo estamos haciendo ahora en un enfoque compartido con el gobierno mexicano”.
“Las visas son un ejemplo”, dijo Salazar. “Estamos avanzando mucho en ese tema”.
El embajador no reveló lo que México exige a cambio de la emisión de las nuevas visas, pero algunos reportes de prensa señalan que el gobierno mexicano quiere el mismo acceso a información de inteligencia delicada para sus agentes en Estados Unidos.
Esa sería una exigencia problemática, dado el historial del gobierno mexicano en cuanto a las filtraciones de documentos confidenciales.
En enero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó toda la información que Estados Unidos le había compartido sobre el exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos. Los fiscales estadounidenses dijeron que Cienfuegos había colaborado con un cártel del narcotráfico, pero México rápidamente absolvió al general de cualquier acción indebida y divulgó el contenido de toda la investigación de Estados Unidos en su contra.
Eso provocó una inusual reprimenda de parte del Departamento de Justicia, que señaló que estaba “profundamente decepcionado de la decisión de México de publicar información compartida de manera confidencial”.
“Divulgar este tipo de información viola el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre México y Estados Unidos, y pone entredicho si Estados Unidos puede seguir compartiendo información para apoyar las investigaciones criminales de México”, señaló el departamento en aquel momento.
Salazar se mostró cauteloso sobre otra fricción con el gobierno de López Obrador, una controversial propuesta de reforma energética que limitaría la cantidad de electricidad que la empresa estatal compra a centrales de energías renovables y de gas natural extranjeras.
Legisladores y compañías de energía estadounidenses han expresado su preocupación de que México esté rompiendo contratos existentes en el sector, cambiando las reglas bajo las que se realizaron las inversiones en esas plantas y favoreciendo a la empresa estatal.
Sobre las compañías, Salazar dijo que “obviamente están preocupadas” y destacó que Estados Unidos también discute ese tema con México.
El embajador añadió que se sentía “optimista” en alcanzar una solución al respecto, pero posteriormente añadió: “No estoy muy seguro”.
En diciembre, el Congreso de México aprobó una ley que requiere que todos los agentes extranjeros, de cualquier país, compartan con las autoridades mexicanas toda la información que recopilen. También solicitaría a cualquier funcionario mexicano que sea contactado por ellos a entregar un reporte por escrito a las autoridades federales.
El Heraldo de Brownsville
