A un año y ocho meses de la vigencia de la Ley de Amnistía en el país, 48 casos han resultado procedentes, en 45 de ellos los involucrados ya lograron su libertad calificada y 524 expedientes fueron declarados improcedentes por no cumplir los requisitos establecidos en cuanto al tipo de delito por el que se juzga al inculpado, dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob).
A través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que encabeza Crescencio Jiménez Núñez, se informó que este próximo viernes 17 se someterán ante la Comisión de Amnistía un nuevo paquete con 461 expedientes, de los cuales 85 se proponen para que sean calificados como procedentes y el resto improcedentes.
Durante el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el funcionario explicó que una vez que la Comisión de Amnistía resuelve la procedencia de los expedientes los tiempos para que se concrete la libertad de quien solicitó el proceso dependen del poder judicial.
Y nosotros no siempre somos convocados a la defensa de lo que la comisión determina porque los jueces pueden hacerlo en su entera autonomía y los procedimientos y los tiempos no están en nuestras manos. Al día de hoy de todos los que se han presentado a la comisión y han salido procedentes son 45 los que ya están en libertad, aunque no podemos dar información de los nombres por salvaguarda de la identidad”, sostuvo.
De acuerdo con la Ley de Amnistía, los beneficiarios podrán ser todos aquellos que se encuentren involucrados en alguno de los siguientes casos:
Aborto u homicidio cometido por la madre, médicos o familiares que hayan auxiliado en el procedimiento de uno no nacido.
Delitos cometidos por personas indígenas cuando no hayan contado con intérpretes o defensores en su lengua.
Robo simple y sin violencia con pena de menos de cuatro años.
Sedición, haber invitado, instigado o incitado a la comisión de delitos por cuestiones políticas.
En el caso de delitos relacionados con drogas la ley está dirigida para personas en extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, en situación de pobreza o con discapacidad permanente.
También, cuando el delito se haya cometido por indicación de la pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad familiar sin limitación de grado o por temor fundado.
Para quien haya sido obligada u obligada por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito.
Agencia Reforma
