La directora de la agencia de Estados Unidos que otorga ciudadanías y visas declaró que la entidad se está recuperando de una crisis financiera y que actualmente contempla la posibilidad de cobrar nuevas tarifas, de tal manera que la inmigración legal no sea únicamente accesible “a los más adinerados”, una velada crítica a la política empleada bajo el gobierno anterior de Donald Trump.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) estuvieron a punto de tener que suspender temporalmente a casi el 70% de sus 20,000 empleados el año pasado cuando, casi de un día para otro, declaró que concluiría el año con un amplio superávit. Los USCIS, cuyas operaciones anuales ascienden a unos 5,000 millones de dólares, se financian casi exclusivamente de las tarifas que cobra por sus servicios.

Las reservas para fin del año fiscal que concluyó el 30 de septiembre se sitúan en unos 1,500 millones de dólares “que es donde queremos estar”, dijo la directora Ur Jaddou en entrevista con The Associated Press.

El cese temporal en contrataciones, las reducciones de gastos y el fin de la exigencia de datos biométricos para las renovaciones, introducido en marzo de 2020, ayudaron a las finanzas de la institución, indicó Jaddou.

“Sí entiendo cuáles eran los problemas y la manera en que fueron ´resueltos´ y lo digo así entre comillas porque nuestra situación es inestable, pero aun así estamos bastante sólidos”, añadió la funcionaria.

Las entonces autoridades del gobierno de Trump atribuyeron la recuperación de la agencia a tarifas más altas recaudadas durante la pandemia y a la cancelación de algunos contratos.

Los USCIS, que también están involucrados en el otorgamiento de asilos y en la reubicación de refugiados, son probablemente menos conocidos que otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, como la Patrulla Fronteriza, pero es una parte indispensable del sistema migratorio.

LOS CAMBIOS RADICALES Debbie Mucarsel-Powell, una demócrata que entonces representaba un distrito en Miami, contó en una audiencia sobre las finanzas de los USCIS el año pasado que un 70% de las llamadas que su despacho recibe estaban relacionadas con tareas de esa dependencia.

El gobierno de Trump impuso cambios radicales a esa agencia, ampliando su unidad de investigaciones de fraude y aplicando una política según la cual todo inmigrante tenía que ser económicamente autosuficiente para poder permanecer en el país.

Las tarifas cobradas a los solicitantes más acaudalados suelen subsidiar a otros servicios, como el de asilo, que no genera ingresos.

El gobierno del presidente Joe Biden ha prometido reestructurar el menú de tarifas cobradas por la entidad.

El Mañana