CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal resolvió que el Congreso no tenía facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana, y declaró inconstitucional el impedimento de diez años que se impuso a los altos mandos del Gobierno para que no puedan trabajar en empresas a las que regularon.
Abel Méndez Corona, juez segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, concedió el 1 de febrero el primer amparo contra esta ley, promovido por un exfuncionario del sector financiero, al que la Sofom Consupago le negó un empleo en septiembre de 2021 porque no habían pasado diez años de que salió del Gobierno.
Méndez, uno de los dos jueces federales que tramitan amparos por este tema, estableció que el Congreso requería una habilitación específica en la Constitución para legislar en materia de “austeridad republicana”, pues se trata de una política de Estado que tiene que estar prevista en la Carta Magna para evitar confusiones en cuanto a la forma en que se deben ejercer los recursos públicos.
Aunque ya no era necesario para conceder el amparo, el juez también se pronunció, específicamente, sobre el artículo 24 de la ley, que estableció el candado de diez años, mismo que la Cámara de Diputados había dejado en cinco años, pero fue elevado a diez en el Senado, ante reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El plazo de diez años es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”, afirmó.
Agencia Reforma
