Ciudad de México.- La fórmula con la que Conacyt ambiciona dirigir la política científica del País resume los desatinos y las polémicas de la actual Administración.
De ello da cuenta la última versión de su “Anteproyecto de iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI)”, donde la dependencia que dirige María Elena Álvarez-Buylla normativiza, entre otras cosas, el despojo del estímulo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a académicos de instituciones privadas, así como la implementación de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces).
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Pero, sobre todo, insiste en el centralismo absoluto al erigirse como “órgano articulador” que “formulará, conducirá, ejecutará y evaluará la política nacional en la materia” (Artículo 25), pretensión heredada de aquella polémica iniciativa de ley presentada en 2019 por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera, cuya autoría desconoció entonces Conacyt.
“En este momento podemos decir, sin ningún titubeo, que la intención que venía en la iniciativa de la senadora Rivera se preserva claramente en este Anteproyecto”, señala en entrevista David Romero Camarena, investigador del Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM y miembro de la Red ProCienciaMx.
“Yo no veo modificaciones verdaderamente de fondo, o que pretendan acercarse a la comunidad, la cual engoladamente se pretende regir en el sentido real, de la realeza. No se está buscando motivar la participación, se está buscando imponer una ciencia de Estado”.
Y es que, en la propuesta de Conacyt -subida a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 25 de marzo pasado- persiste una visión ideologizada y monopólica.
“Sigue siendo extremadamente centralista, y sobre todo contiene una visión de lo que es la ciencia, la cual exclusivamente se ve a través de la óptica de los llamados problemas nacionales y los Pronaces que ha propulsado el propio Conacyt.
“En ese sentido, más que un sistema abierto en el cual hay una posibilidad de innovación por parte de los diferentes actores, sean estos públicos o privados, más bien se ve un sistema en el cual lo que se pretende es tener el control absoluto por parte del Estado”, apunta Romero Camarena.
