CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del PAN, Marko Cortés, acusó que en la decisión de dos ministras de suspender el acuerdo del INE para posponer la consulta sobre revocación de mandato, hubo una “clarísima intención” de favorecer los “deseos ególatras” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Las y los ministros de la Corte no pueden dejarse presionar, no pueden consentir una clara violación constitucional, el ejercicio de revocación está claramente tergiversado en ratificación de mandato”, dice un comunicado ¿.
Cortés insistió que por el bien de México, la Corte debe frenar a la brevedad el costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario de López Obrador, pues de realizarse estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4 mil millones de pesos.
En el mismo sentido, Acción Nacional convocó a las demás fuerzas políticas y a la sociedad civil organizada a levantar la voz y defender al Instituto Nacional Electoral (INE), que es un organismo con autonomía constitucional fundamental para la vigencia de nuestra democracia.
Señaló que si bien respetamos la decisión que tomaron dos ministras para que el INE continúe los trabajos de preparación del ejercicio de revocación, ahora tergiversado por Morena y el gobierno en ratificación de mandato, se debe esperar a que el pleno de la propia Corte analice y resuelva el fondo de la controversia presentada.
“Rechazamos de forma enérgica los ataques contra la institución electoral y sus consejeros orquestado desde el gobierno y su partido”, añadió.
Cortés Mendoza expuso que es de preocupar que en la suspensión del acuerdo del INE para posponer la consulta por parte de dos ministras, hubo una respuesta expedita de la Corte a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de “ratificar” su mandato.
En cambio, sostuvo, la misma Corte aplicó otro criterio para abordar la controversia constitucional presentada por el INE para que ordene a la Cámara de Diputados asignarle la suficiencia presupuestal para organizar la consulta popular sobre la revocación de mandato.
“Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras, pero en este caso en particular, existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice”, explicó.
Por último, Cortés Mendoza aseguró que la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados ante la fiscalía General de la República (FGR) contra los 6 consejeros electorales que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato, es políticamente inaceptable y jurídicamente intrascendente, pero se inscribe en la misma campaña para desacreditar al INE y a sus consejeros.
