Agencia Reforma

La iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través de facturas falsas puede generar actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro la integridad personal de los empresarios y sus bienes, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Según el organismo, en la iniciativa que se encuentra en el Senado existen imprecisiones que podrían afectar a contribuyentes cumplidos y generar incertidumbre jurídica para la inversión.

El CCE comentó que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal que se debe combatir, pero en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos, ya que se equipara esta práctica con delincuencia organizada.

“La iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación. Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, subrayó el Consejo.

Añadió que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado algunas de ellas.

Las conductas son distintas y el castigo debe ser proporcional a cada acción, consideró el sector empresarial.

Explicó que algunas conductas indebidas en materia fiscal pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos.

“Con la iniciativa de ley, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial”, destacó.

El CCE hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en el Senado para revisar la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través facturas falsas, a fin de corregir imprecisiones.