sábado, julio 20, 2024
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    Alto funcionario del Vaticano declara en juicio histórico en Londres

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    Uno de los funcionarios más cercanos del papa Francisco fue sometido a un intenso interrogatorio mientras declaraba en un caso que marca la primera vez que el Vaticano es juzgado en un tribunal inglés.

    El arzobispo Edgar Peña Parra, que desempeña el papel de “sostituto” (“sustituto”), el equivalente a un jefe de gabinete papal, subió al estrado de los testigos en una disputa sobre la desastrosa inversión de la Santa Sede en una propiedad de Londres, el centro del “juicio del siglo” del Vaticano.

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    La comparecencia del arzobispo ante el tribunal es poco frecuente, dado que el Vaticano y sus altos funcionarios han evitado en gran medida acciones legales en tribunales extranjeros, a menudo relacionadas con casos de abusos sexuales, amparándose en la inmunidad soberana. Pero se cree que la acción legal de Londres es la primera vez que el Vaticano es juzgado en una jurisdicción extranjera, mientras que el arzobispo Peña Parra es uno de los funcionarios de más alto rango del Vaticano que ha testificado en un caso de este tipo.

    El arzobispo venezolano, de 64 años, vistió un traje clerical negro durante su declaración y comenzó jurando por “Dios todopoderoso” que diría la verdad. Aunque en ocasiones contó con la ayuda de un intérprete, respondió a las preguntas en inglés.

    Durante más de un día y medio de interrogatorio, el arzobispo insistió varias veces en que es “sacerdote y no especialista en banca”, mientras explicaba que el Vaticano había sido víctima de extorsión en el negocio inmobiliario.

    El caso contra la Santa Sede fue presentado por Raffaele Mincione, un financiero italobritánico que fue uno de los condenados por un tribunal vaticano el pasado diciembre por malversación de fondos y lavado por su participación en la operación inmobiliaria de Londres. Mincione ha negado todos los cargos que se le imputan y ha apelado su condena.

    Ese juicio marcó la primera vez que un cardenal era condenado y sentenciado por un tribunal vaticano por delitos financieros y se considera un momento importante en la larga batalla del papa Francisco para sanear las finanzas del Vaticano.

    Pero Mincione busca ahora que los tribunales londinenses dictaminen que actuó de “buena fe” en todos sus tratos con el Vaticano, que se referían a inversiones en una vasta propiedad en el barrio de Chelsea, en el suroeste de Londres, construida originalmente como sala de exposición de coches para los grandes almacenes Harrods. La Santa Sede afirma que gastó unos US$ 400 millones en la operación a lo largo de varios años, pero que acabó con pérdidas de US$ 150 millones tras vender finalmente el activo.

    En 2014, el Vaticano invirtió US$ 200 millones por una participación del 45% en la propiedad de Chelsea a través de un fondo dirigido por Mincione, cuyas empresas habían comprado el edificio por unos US$ 165 millones (129,5 millones de libras) a finales de 2012.

    Aunque había un plan para convertir la propiedad en departamentos, el Vaticano dice que el valor de la propiedad fue inflado por Mincione y que estaba perdiendo dinero con su inversión. El arzobispo Peña Parra, que no ocupaba su cargo en el momento de la inversión original, trató de salir del trato comprando el edificio directamente y, en el proceso, la Santa Sede pagó 40 millones de libras a Mincione. El Vaticano dice que se trató de un “sobrepago fraudulento”.

    Ayudando a negociar el acuerdo de salida en 2018 del fondo de Mincione estaba otro financiero, Gianluigi Torzi, que también fue condenado en el juicio del Vaticano en diciembre pasado. Se descubrió que había estructurado un acuerdo que lo dejó en control del edificio y al Vaticano con la adquisición de una “caja vacía”.

    Torzi fue acusado entonces de extorsionar al Vaticano unos US$ 16 millones mientras Peña Parra y su oficina intentaban hacerse finalmente con el control del edificio de Chelsea. Finalmente, la Santa Sede vendió la propiedad en 2022 por unos US$ 229 millones.

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    En el contrainterrogatorio, el arzobispo fue interrogado repetidamente sobre los pagos a Torzi y fue acusado por el abogado de Mincione de deshonestidad porque los pagos a Torzi incluían una factura falsa.

    El arzobispo admitió haber enviado una factura falsa pero dijo que Torzi había “atrapado” al Vaticano y que “mentiría y mentiría”. Peña Parra dijo al juez en repetidas ocasiones que había estado intentando sacar a la Santa Sede de un mal negocio y hacerse con el control del edificio.

    El arzobispo, que se convirtió en el número tres del Vaticano en octubre de 2018, dijo que sólo se dio cuenta de los esquemas de Torzi más tarde y que algunos de su personal eran “superficiales e ingenuos”. Insistió en que ahora “no le daría nada a Torzi y lo metería varias veces en la cárcel”.

    Los abogados de Mincione acusan al Vaticano de una “acusación incoherente y confusa de conspiración” contra su cliente, mientras que la Santa Sede insiste en que Mincione no actuó de buena fe. Mincione también fue interrogado durante el juicio, y sus abogados le acusaron de presentar cifras “manifiestamente engañosas” sobre el valor de la propiedad de Chelsea.

    El núcleo de la disputa se refiere al valor de la propiedad de Chelsea. El equipo legal del Vaticano dijo que el valor declarado de 275 millones de libras (US$ 350 millones) para la propiedad de Londres en 2018 era una “representación fraudulenta” de su valor de mercado, mientras que los abogados de Mincione lo negaron, diciendo que era una “valoración auditada”. En su declaración como testigo, Peña Parra dijo que se le informó de “preocupaciones” de que el valor del edificio era menor de lo que el Vaticano había “pensado originalmente”.

    Agencias.

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