WASHINGTON.- El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo este martes que los gobiernos y empresas que hagan negocios con Venezuela enfrentan represalias bajo las nuevas sanciones aplicadas por Washington al gobierno socialista de Nicolás Maduro.

En su respuesta, el Gobierno venezolano calificó las medidas de grave agresión, que busca el fracaso del diálogo político en el país sudamericano.

La Casa Blanca congeló el lunes todos los activos del Gobierno venezolano, en un significativo recrudecimiento de las tensiones con Maduro que coloca a su gobierno socialista en una lista de adversarios de Washington, como Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán, que han sido blancos de sanciones agresivas.

“Ahora Venezuela es miembro de este club exclusivo de estados forajidos”, dijo Bolton en Lima, en una conferencia de medio centenar de naciones alineadas contra Maduro.

La medida, que además prohíbe a empresas e individuos hacer negocios con el Gobierno de Venezuela, entró en vigor el lunes.

Es la primera de su tipo en el hemisferio occidental en más de tres décadas, luego de una congelación de activos contra el Gobierno del general Manuel Noriega en Panamá y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de 1980.

“Enviamos una señal a terceros que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con extrema cautela”, dijo Bolton. “No tienen por qué arriesgar sus intereses comerciales con Estados Unidos para beneficiarse con un régimen corrupto y agonizante”.

Venezuela sostuvo que con la orden ejecutiva se pretende formalizar lo que llamó el criminal bloqueo económico, financiero y comercial para ahorcar a la población y forzar un cambio de Gobierno.

“La Casa Blanca y sus aliados procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanas y venezolanos”, sostuvo un comunicado del Gobierno publicado por Arreaza en su cuenta de Twitter.

Aunque la orden no es un embargo comercial formal, pues elude al aún considerable sector privado venezolano, representa la medida más dura de Estados Unidos dirigida a destituir a Maduro desde que el Gobierno de Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela en enero.

La novedad crucial es que las entidades extranjeras que hagan negocios con el Gobierno de Maduro también están expuestas a las represalias de Washington.

“El objetivo aparente es darle a Estados Unidos la capacidad de aplicar la ley más allá de sus fronteras a aliados de Maduro como China, Rusia, Cuba, Irán y Turquía”, dijo Russ Dallen, jefe de la correduría Caracas Capital Markets, con sede en Miami.

“Si dichas entidades extranjeras siguen haciendo negocios con Maduro, Estados Unidos podría congelar sus activos”.

Rusia, que apoya a Maduro, denunció las acciones el martes. Konstantin Kosachev, jefe de la comisión de asuntos internacionales de la cámara alta del Parlamento ruso, dijo que las sanciones equivalen a vandalismo internacional, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal de noticias RIA Novosti. Kosachev agregó que eso representa lo que llamó una abierta intromisión a los asuntos internos de Venezuela.

Es probable que las medidas agraven las penurias en moribunda economía de Venezuela, que sufre una hiperinflación de seis dígitos y una profunda contracción que supera la de la Gran Depresión en Estados Unidos.

Sanciones anteriores contra la industria petrolera de Venezuela, la que genera casi todas las divisas por exportaciones del país, han acelerado una caída drástica en la producción de crudo, la cual comenzó con la elección de Maduro en 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez.

Más de 100 funcionarios y personas cercanas al gobierno han visto congelados sus activos en Estados Unidos y vetos a hacer negocios con estadounidenses.

Como parte de la nueva orden ejecutiva, los estadounidenses tendrán prohibido participar en transacciones con cualquiera que se determine está apoyando a Maduro o a su Gobierno. Los que respalden al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a Estados Unidos.

Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas.

No estaba claro cómo afectaría el decreto a la petrolera estadounidense Chevron, que el mes pasado recibió una moratoria de tres meses del Tesoro estadounidenses para continuar sus prospecciones petrolíferas con la petrolera estatal PDVSA.

Guaidó celebró la noticia, señalando que protegería a la petrolera con sede en Houston CITGO, el activo venezolano de mayor valor en el extranjero, de los intentos de Maduro de hipotecar sus activos.

“Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben”, afirmó en una serie de tuits a última hora de la noche.

Geoff Ramsey, investigador de la Oficina de Washington sobre América Latina, dijo que las medidas agravarán la crisis humanitaria a pesar de las excepciones para proteger a los más vulnerables, ya que los bancos occidentales evitan procesar incluso las transacciones legítimas.

“La verdad es que ningún institución financiera quiere chocar con el Departamento del Tesoro”, comentó.

El experto señaló que en lugar de insistir en la misma estrategia de embargos que no ha logrado producir un cambio de régimen pese a emplearse durante décadas en la Cuba comunista, Estados Unidos debería hacer más para respaldar las negociaciones auspiciadas por Noruega entre Maduro y representantes de Guaidó.

A la conferencia en Perú asisten representantes de más de 50 naciones que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela y consideran que la reelección de Maduro el año pasado fue fraudulenta.

Momentos después de que se anunció la orden ejecutiva, Bolton tuiteó que prevé tener un día productivo en Lima.