Benito López/Agencia Reforma

Cd. Victoria, México.- Una Jueza de Control del Estado otorgó ampliar dos meses la prórroga solicitada por el ex Gobernador, Eugenio Hernández Flores, para aportar pruebas, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal por un monto de 41 millones de pesos.

La audiencia de prórroga de investigación complementaria de hoy se pospuso de las 13:00 a la 18:00 horas, por cargo de trabajo del Juzgado del penal donde se encuentra recluido el ex Mandatario priista, en Tenango, Estado de México.

Durante la audiencia, la Jueza Rosa María Rodolfo Arcea determinó que no sólo la defensa tuviera la prórroga otorgada, sino que la hizo extensiva a la Fiscalía, que lo acusa, luego de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, del sistema de Justicia del Estado.

Hernández, que se encuentran detenido desde el pasado 6 de octubre, en este nuevo juicio de por lo menos cuatro distintos que enfrenta, es acusado por una discrepancia de 40.9 millones de pesos entre sus ingresos egresos del 1 de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2010.

En ese tiempo el imputado de acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, que lo denunció, se desempeñó como Diputado Federal, Alcalde y Gobernador.

José Isabel Luna Chávez, el único abogado de la defensa que se presentó en la “A”, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicitó que se otorgará la prórroga de investigación complementaria a su cliente dentro de la carpeta CP/0237/2018.

Lo anterior a un día de que se venciera la segunda prórroga, de dos meses, concedida por el Juez el pasado 4 de abril.

Eugenio, también tiene un procedimiento de extradición, en el que el Juez de Distrito rechazó el amparo, lo que derivó en que el Gobernador tramitara la revisión que está por ser resuelta.

A punto de cumplir cuatro meses en reclusión, según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas del Estado, el ex Gobernador tuvo un incremento patrimonial injustificado por el monto de los casi 41 millones de pesos que de manera ilegal adquirió a través del desempeño de sus diversos cargos en la función pública y como servidor.

Fue detenido el 6 de octubre del 2017 en esta capital, a la altura del libramiento Nacional Unidas y carretera salida a Soto la Marina, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la carpeta 67/2017.

La Fiscalía lo acusó de haber apropiado a través de testaferros de un predio de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira, a un precio muy por debajo de su valor real.