Agencia Reforma
José Irizarry y a su esposa Nathalia Gómez Irizarry fueron arrestados en su casa ubicada cerca de San Juan, Puerto Rico, como parte de un expediente de 19 cargos en el que se acusa al ex agente de 46 años de “utilizar secretamente su posición y su acceso especial a la información” para desviar millones de dólares de ganancias de las drogas para que no fueran incautados por la DEA.
“Es un golpe duro para la DEA tener a uno de sus agentes envuelto en un nivel de corrupción tan alto”, dijo Mike Vigil, ex director de Operativos Internacionales de la agencia. “Puso en peligro las investigaciones. Puso en peligro a otros agentes y a los informantes”.
Fiscales federales de Tampa, Florida, alegan que la confabulación no sólo enriqueció al agente, sino que benefició a dos cómplices que no han sido acusados y que no son nombrados en el acta acusatoria.
Uno era funcionario público de Colombia, mientras que el otro es descrito como el líder de una organización de narcotráfico y lavado de dinero que se convirtió en el padrino de los hijos de la pareja Irizarry en 2015, cuando el ex agente laboraba en la ciudad turística colombiana de Cartagena.
Cuando The Associated Press reveló el año pasado la magnitud del presunto comportamiento ilegal de Irizarry, eso sacudió a la DEA, donde sus ostentosos hábitos y relatos de fiestas en yates con prostitutas en bikini eran algo legendario entre los agentes.
Pero antes de ser expuesto, Irizarry había sido un agente ejemplar, y había ganado premios y los elogios de sus supervisores.
Después de unirse a la DEA en Miami en 2009, le fue confiado un operativo encubierto de lavado de dinero utilizando empresas fachada, cuentas en bancos ficticios y mensajería.
Irizarry renunció en enero de 2018 luego de ser reasignado a Washington cuando su jefe en Colombia comenzó a sospechar.
El caso ha planteado inquietudes dentro de la DEA de que la asociación delictuosa pueda haber comprometido operativos encubiertos y trastocar casos penales.
“Sus huellas dactilares están en decenas de órdenes de detención y actas de acusación”, apuntó David S. Weinstein, ex fiscal federal de Miami. “Podría tener un efecto dominó y ocasionar que los tribunales vuelvan a examinar cualquier caso en el que estuvo involucrado”.
Irizarry y su esposa pagaron una fianza de 10 mil dólares cada uno y fueron liberados.
La DEA refirió peticiones de comentarios al Departamento de Justicia, y los mensajes enviados al abogado de Irizarry no fueron contestados de manera inmediata.
Uno de los dos cómplices que no fueron nombrados en el acta de acusación es Diego Marín, familiar de la esposa de Irizarry, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la investigación que acordaron revelar detalles bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para discutir la pesquisa.
Irizarry-Gomez, de 36 años, fue acusada de asociación delictuosa para lavar dinero.
Las autoridades de EU y Colombia consideran a Marín como uno de los principales sospechosos de lavado de dinero en el país sudamericano de la última década.
