El bloqueo inédito de una reforma judicial por parte de la mayoría conservadora de un tribunal clave en España abrió una crisis institucional en el país, que el gobierno de izquierdas calificó como un hecho “sin precedentes” desde el final de la dictadura franquista.

El Tribunal Constitucional aceptó el lunes el recurso de amparo planteado por el opositor Partido Popular para paralizar la votación prevista el jueves en el Senado sobre varias resoluciones ya aprobadas la semana pasada por los diputados. El órgano argumentó que estas disposiciones, incluidas en forma de enmiendas en una extensa reforma del Código Penal, no tenían relación con el texto en conjunto y que la cuestión planteada en el recurso era relevante

Las disposiciones en cuestión estaban destinadas a desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiró a finales de junio. El gobierno del socialista Pedro Sánchez acusa, de su lado, al PP y a la mayoría conservadora del Tribunal de bloquear la renovación de estos cuatro jueces para impedir que se forme una mayoría progresista en este órgano que es el máximo intérprete de la Constitución.

La decisión del Tribunal Constitucional es un “hecho grave”, denunció este martes el presidente socialista, Pedro Sánchez, durante una comparecencia con tono solemne.

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