Las cifras oficiales sobre violencia sexual mostraron un incremento de 68% a nivel nacional, al pasar de 12 mil 619 casos en 2020 a 21 mil 189 en 2021 a nivel nacional. Esto, incluso si tomamos en cuenta que en México el 99.7% de los delitos sexuales no son denunciados o investigados, según México Evalúa.
Por su parte, los casos registrados como feminicidios aumentaron 137% entre 2015 y 2021: pasaron de 412 a 970, mientras que los homicidios dolosos de mujeres incrementaron 58%, al pasar de mil 734 a 2 mil 742. Además, los registros de violencia familiar se duplicaron en ese mismo periodo, y pasaron de 127 mil 424 casos a 253 mil 736.
A pesar de este preocupante panorama, expertas advierten que la respuesta del sistema de justicia penal ante los delitos que afectan mayormente a las mujeres es casi inexistente: sólo 0.05% de casos de violencia de género llegan a ser presentados ante un juez, al igual que el 0.19% de los casos de violencia familiar, el 3% de violencia sexual, el 12% de feminicidios y el 15% de los relacionados con trata de personas.
La reparación del daño sólo se logra para el 3.8% de los casos, y suele ser monetaria, sin que las víctimas sean reparadas o rehabilitadas en el ámbito físico, sicológico o social, ni en su proyecto de vida.
Ante este panorama, es urgente tomar medidas para aplicar la perspectiva de género en todo el proceso penal, tanto en la atención inmediata y en la investigación, como al momento de juzgar. Tal perspectiva sí se encuentra en la ley, la jurisprudencia y en instrumentos de política, pero no se ejecuta en la práctica, coincidieron expertas durante el evento de México Evalúa.
Asimismo, destacaron que la prisión preventiva se impone en mayor medida a las mujeres, con una proporción de una de cada dos, mientras que entre hombres son cuatro de cada 10. En el ámbito federal, seis de cada 10 mujeres están presas sin condena, sin que, de nuevo, se haya analizado la medida cautelar con una perspectiva de género.
“Necesitamos materializar la perspectiva de género en la operación diaria y en cada etapa del proceso penal. Las instituciones conocen los conceptos, pero no saben cómo aplicarlos ni qué herramientas deben emplear, qué preguntas se tienen que hacer o qué ajustes al proceso requieren aplicar”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, durante el evento transmitido en línea.
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