Agencia Reforma
WASHINGTON DC, EU.- Bajo la pandemia de Covid-19 y las protestas contra el racismo, el Gobierno de Donald Trump continúa avanzando con sus políticas para restringir la migración legal, frenando la llegada de trabajadores extranjeros y elevando los lineamientos para los solicitantes de asilo que buscan refugio.
Esta semana, funcionarios de la Administración plantearon una opción para cuando se levanten en la frontera las restricciones de “emergencia” por el coronavirus, proponiendo regulaciones que elevarían el estándar de los solicitantes de asilo y permitir que los jueces nieguen solicitudes de protección a los migrantes sin que tengan oportunidad de testificar en tribunales.
De adoptarse, las normas establecerían un marco de políticas restrictivas de inmigración que podrían aplicase cuando se levanten las reglas emitidas por la pandemia.
El mes pasado, el Gobierno extendió una norma por el coronavirus que bloqueó de facto la oportunidad de decenas de miles para solicitar asilo en la frontera suroeste.
En abril, el Presidente Donald Trump emitió un decreto suspendiendo temporalmente la emisión de ‘Green cards’, tarjetas de residencia legal, a muchos fuera de los Estados Unidos.
Se espera además la limitación de ciertas visas emitidas a inmigrantes que buscan trabajo temporal en el país.
La Secretaria de Educación, Betsy DeVos, emitió una regla de emergencia el jueves por la noche que prohíbe a las universidades otorgar fondos de alivio por el virus a estudiantes extranjeros e indocumentados, incluidos decenas de miles protegidos bajo el programa de Acción Diferida para la Llegada de la Infancia, o DACA.
Y la Casa Blanca está estudiando restricciones a las nuevas visas H-1B para trabajadores calificados para las próximas semanas.
“Verán más noticias sobre eso probablemente en algún momento”, dijo Kenneth Cuccinelli, subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, el miércoles en un evento organizado por la Fundación Heritage.
El mes pasado, altos funcionarios del Gobierno, incluido Stephen Miller, un asesor de la Casa Blanca y arquitecto de la dura política migratoria de Trump, discutían la manera de dar seguimiento al decreto de abril.
Tal documento, que contemplaba excepciones, fue criticado por grupos conservadores que esperaban que Trump restringiera los visados para trabajadores extranjeros en EU.
Según altos funcionarios, el Gobierno continuaba debatiendo si un nuevo decreto debería considerar las restricciones a una gran cantidad de visas para empleados, incluidas las visas H-1B para trabajadores calificados.
En una reunión de las últimas semanas, Miller presionó a Trump y al Secretario de trabajo, Eugene Scalia, para reducir significativamente la cantidad de trabajadores extranjeros que ingresan al país.
Pero los funcionarios enfatizaron que el decreto, que se espera sea publicado la próxima semana, no está terminado. Los titulares de visas en Estados Unidos probablemente no se verán afectados.
El Departamento de Seguridad Nacional ha usado como argumento a la pandemia para “expulsar” a más de 20 mil migrantes a México y a sus países de origen sin otorgar el debido proceso.
En próximos días, se prevé que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anuncie un aumento en el número de migrantes rechazados en virtud de esa política, que está destinada a durar toda la pandemia.
La nueva propuesta de regulación permitiría al Gobierno alejar por completo a los solicitantes de asilo, incluso cuando el muro físico de Trump está lejos de completarse.
Las normas, que están abiertas a un periodo de comentarios de 30 días, no darían derecho a los migrantes a un proceso judicial para escuchar sus argumentos.
También daría a los agentes la amplia autoridad de considerar las solicitudes de asilo como “frívolas”, negando a los migrantes otras formas de entrar a Estados Unidos.
De acuerdo con la política propuesta, la Administración Trump podría negar el asilo a las personas si pasaron 14 días en otro país y no solicitaron la protección ahí en su camino a Estados Unidos.
El Gobierno ha argumentado que el sistema de asilo debería ser racionado debido a la acumulación de más de un millón de casos.
A medida que la Casa Blanca ha aumentado las restricciones para buscar refugio en el país, miles de migrantes esperan en precarios campamentos.
“Aquí estamos, huyendo de la violencia política de un lugar en el que nos amenazaron, y hemos terminado en un sitio como este”, dijo Perla Vargas, de 45 años, quien ha pasado 10 meses en un campamento en Matamoros, México, con su hija de 27 años y dos nietos.
“Es difícil buscar refugio en estas condiciones”.
