Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades buscan impedir que la Suprema Corte de Justicia apruebe, en definitiva, la sentencia que establece que la Fiscalía General de la República no puede acceder a información bancaria sin orden judicial previa.

La Secretaría de Hacienda y la propia FGR presentaron el viernes pasado escritos para desistirse de sus recursos de revisión, en el amparo directo que el Pleno de la Corte discutió en su sesión del jueves.

En dicha sesión, por seis votos contra cinco, el Pleno declaró inconstitucional el artículo 142, fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que obliga a los bancos a entregar información de sus clientes al Ministerio Público, pero no cerró el asunto al estar pendientes varios temas del proyecto.

El presidente Arturo Zaldívar anunció hoy que los desistimientos serán estudiados por todos los Ministros para “reflexionar” lo que procede, pues se trata de una situación inédita para la Corte, y se tienen que aclarar las consecuencias para el quejoso en este amparo, Pedro Guillén Mariscal.

La Corte discutió el jueves un proyecto que abarca cuatro recursos de revisión contra la sentencia de un tribunal colegiado de circuito: uno presentado por Guillén, condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal de 5 millones de pesos, dos de la FGR y uno de la SHCP.

Los tres recursos del Gobierno son los que se refieren a la inconstitucionalidad del artículo 142 de la LIC, pues Guillén solo impugnó el artículo 109 del Código Fiscal, que tipifica el delito de fraude a quien no presente declaraciones al SAT, y el hecho de que el tribunal colegiado confirmó que es culpable, pese a que eliminó la información bancaria.

La FGR y la SHCP no se desistieron antes del jueves porque el proyecto del Ministro Eduardo Medina Mora les era favorable, y porque existía la posibilidad de que los nuevos Ministros, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, votarían por la Constitucionalidad y con ello se juntarían los seis votos necesarios.

González Alcántara, sin embargo, votó contra el proyecto, lo que sumó seis votos contra el artículo 142.

La Corte no cerró la discusión ese día, sino que dejó para hoy la decisión sobre la temporalidad en la que aplicará su criterio; es decir, si no afectará investigaciones iniciadas previamente por las autoridades, matiz rechazado desde entonces por Zaldívar.

Como antecedente, la Segunda Sala de la Corte ha establecido que, una vez publicados los proyectos de sentencia, no se acepta que las partes desistan de sus recursos, pero este caso es distinto, porque ya se discutió en el Pleno, y ya se votaron varios capítulos.

Si el Pleno acepta la estrategia del Gobierno y evita pronunciarse sobre el artículo 142, seguirá vigente el criterio dictado en octubre de 2017 por la Primera Sala, que también fue por la inconstitucionalidad.

Este criterio ha puesto en riesgo decenas de investigaciones, sobre todo por delitos como lavado y fraude fiscal, en las que se accedió a información bancaria sin orden judicial.