Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Unidades estatales que combatirán el lavado de dinero tendrán como insumo bases de datos del predial, los Registros Públicos de la Propiedad, de impuestos sobre compra de inmuebles y registros de información bancaria.

Esto a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda replicará su modelo de trabajo en los Gobiernos de los estados como parte de su Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero.

El propósito principal de esta red de unidades será ubicar quién es el último beneficiario de un bien, sea monetario o inmobiliario.

La UIF, a cargo de Santiago Nieto, retomó el proyecto de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs) en los estados, que se había acordado en 2011, pero no fructificó, y desde enero está firmando convenios con los gobernadores.
Los estados recibirán recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para concretar su operación.

Según los convenios signados, aunque las unidades dependerán de las fiscalías estatales, los gobiernos locales se comprometen a prestar toda la información fiscal, contable y financiera que sea de utilidad a la UIF.

Así como a generar reportes de inteligencia y lista de personas políticamente expuestas, la cual ya existe a nivel nacional.

Las unidades podrán solicitar el aseguramiento de cuentas, fincar responsabilidades administrativas y presentar denuncias por delitos en materia de lavado de dinero en el fuero común ante el Ministerio Público, del cual serán coadyuvantes.

Según el proyecto, al que Reforma tuvo acceso, Hacienda contempla tres modelos de UIPEs, que estarán integradas por 13, 21 o 42 servidores públicos; el tamaño y sus recursos dependerán de la incidencia delictiva y la densidad demográfica.

Todas contemplan direcciones de tecnologías de la información y comunicación, de análisis patrimonial, económico y fiscal, áreas jurídicas y plazas de analistas.
La UIF ha suscrito hasta ahora acuerdos con 29 Gobiernos estatales.