Durante 2021 el costo de la violencia en el país fue de 4.9 billones de pesos, equivalente al 20.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), informó Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
“Las diferentes manifestaciones de violencia van deteriorando, van lastimando y van afectando la economía en el país; estimamos que para 2021 este impacto sumó 4.9 billones de pesos, 20.8 por ciento del PIB o, en términos per cápita, la violencia nos costó a cada mexicana y mexicano hasta 38 mil pesos a cada uno de nosotros”, explicó el investigador.
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El monto del costo de la violencia es equivalente a siete veces más a la inversión pública en salud y seis veces mayor a los recursos destinados para la educación.
Este martes el IEP presentó los resultados del Índice de Paz México 2022, en el que se destacó que, en relación con el año anterior, para 2021 la paz en el país mejoró 0.2 por ciento, principalmente por una disminución de 4 por ciento en la tasa de homicidios.
Sin embargo, indicó Juárez Cruz, el índice de muertes violentas en el país mantiene una constante, con niveles históricamente altos, en donde el uso de armas de fuego está afectando más a la población joven.
“Los homicidios con armas de fuego son ya para México la principal causa de muerte entre personas de 15 a 35 años, quienes tengan de 15 a 35 años es mucho más probable que, si mueren sea por un homicidio de arma de fuego”, detalló el director del IEP, organización internacional con sede en Australia.
El Índice de Paz México 2022 establece que, como efecto del confinamiento de la población por motivo de la pandemia por el covid-19, se registró un incremento en los casos de agresión sexual de 22 por ciento y de 14 por ciento en la violencia familiar en 2021.
De acuerdo con el estudio los estados más pacíficos del país son Yucatán en primer lugar, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo; mientras que, en contraste, las entidades menos pacíficas son Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora.
Para 2021, el gasto para tareas de seguridad pública se redujo en 9 por ciento, en relación con el año anterior, mientras que para el aparato de justicia la baja presupuestal fue de 3 por ciento.
Sin embargo, los recursos para gasto militar se incrementaron 15 por ciento, para llegar a 167 millones de pesos el año pasado, lo que representa la creciente dependencia de la Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado.
Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que invierte menos en los sistemas de seguridad y justicia, con solo el 0.63 por ciento del PIB, cantidad que también es la más baja entre los países de América Latina.
El estudio destacó que, desde 2016, más de 117 mil personas han sido desplazadas de sus comunidades por motivo de violencia política y de los carteles del crimen organizado, de los cuales el 40 por ciento de los desplazamientos ocurrieron en 2021, principalmente en Guerrero, Chiapas y Michoacán.
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