Agencia Reforma

CD. DE MÉXICO.- Diputados debaten el dictamen de Ley de Austeridad, aprobada por el Senado, que establece una restricción de 10 años a ex funcionarios para emplearse en la iniciativa privada.

El perredista Antonio Ortega señaló que la reforma sepulta la profesionalización y va en detrimento de los servidores debido a la cerrazón de la mayoría y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acusó que hay simulación porque también puede haber corrupción o conflicto de interés de funcionarios que llegan de la IP al servicio público.

Dijo que tal es el caso del Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que antes de ser funcionario promovía los intereses de Monsanto y otras empresas que producen semillas modificadas.

“Ahora, desde su puesto, las puede promover de mejor manera”, advirtió.

“Los primeros afectados serán los funcionarios de la 4T, la ley no es retroactiva”.

El diputado Francisco Elizondo Garrido, que es de Morena, pero habló por el PVEM, aseveró que este partido está a favor de las medidas de austeridad.

Sin embargo, consideró que sí se debe revisar la propuesta de los 10 años para limitar a ex funcionarios.

“Debemos analizar profundamente el término, que sea racional, proporcional y no sea excesivo, para no afectar derechos fundamentales”, indicó.

Maiella Martha Gómez, de MC, recordó que su partido avaló la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Señaló que si bien votarán a favor en lo general, no están de acuerdo con la propuesta de redacción hecha en el Senado.

Explicó que los 10 años de restricción es una manera de evadir la prohibición que se puso en la ley.

“Anula el sistema de contrapesos, con criterios propios se decide a quién sí o no entra en la prohibición, de acuerdo al manual de percepciones, lo que pone en riesgo el desempeño imparcial de servidores, que por intereses personales, familiares o de negocios podrá decidir la suerte laboral de funcionarios por lo menos 10 años después”, explicó.

Agregó que la comparativa internacional pone un tiempo de restricción de dos años y lo que se propone en el proyecto es de 10 años, lo que, dijo, limita a funcionarios públicos.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, negó que se atente contra la libertad de profesión.

Al hablar en contra, el priista Fernando Galindo alertó que aprobar el candado tendrá sus consecuencias, pues ya hay una desbandada de servidores públicos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“La calidad de los servidores públicos con que se van a quedar va a ser bastante malos”, dijo a los legisladores de Morena.

Señaló que el País necesita servidores públicos profesionales, no improvisados, capacitados, especializados y que faciliten el acceso a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

La modificación del Senado, acusó, atenta contra derechos de trabajadores al Servicio del Estado porque no podrán laborar 10 años en el sector público.

“Lo que pretenden aprobar es el control político de los trabajadores, que dan su vida para servir a México”, recriminó.