La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerrará sus oficinas en Ensenada y Tijuana, Baja California, a partir de este viernes 1 de octubre, bajo el argumento de la austeridad republicana.
La decisión, publicada desde este miércoles 29 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación, afectará un espacio de más de 50 mil kilómetros cuadrados, que incluye ocho áreas naturales protegidas, donde habitan especies animales únicas como la vaquita marina, la ballena gris, el cóndor americano, el berrendo y el borrego cimarrón.
A pesar de que distintas organizaciones y el Consejo Estatal de Protección al Ambiente han solicitado a Profepa información sobre el cierre de sus oficinas, exposición de motivos y ahorro económico, no ha habido respuesta de su titular, la procuradora Blanca Alicia Mendoza Vera.
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Esta determinación también pondrá en peligro a especies endémicas de flora que han enfrentado extracciones irracionales en los últimos tiempos como la salvia blanca, la yuca, utilizada para la producción de jabones o refrescos, y hasta el canto rodado, que son piedras de las costas utilizadas para material de producción y ornato.
En estas áreas perjudicadas también se encuentra el desierto del Valle de los Cirios, el área de protección de flora y fauna más grande de México, las dunas costeras y los humedales de San Quintín, los más importantes del continente americano, ubicados en este recién creado municipio.De acuerdo con Terra Peninsular, la desaparición de estas oficinas no solo afectará a las especies sino la regulación en las grandes zonas urbanas, pues Profepa tiene entre sus encargos regular comercios, autorizaciones de impacto ambiental y calidad de aire.
Una de las últimas acciones de Profepa en defensa del medio ambiente en la zona fue la cancelación de una obra realizada por el gobierno municipal de Ensenada, a cargo del alcalde morenista Armando Ayala Robles, en la que intentaron modificar la zona del malecón. En el proceso, una zona de dunas fundamental para la anidación de aves playeras, sufrió daños y la Procuraduría intervino para cancelarla.
Agencia Reforma