Demandan más gobernadores justicia presupuestal

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Por. Redacción.

H. MATAMOROS, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que los gobiernos de Colima y Jalisco se suman a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán en la petición para garantizar a los estados participantes lo que por Ley y Derecho les corresponde, en materia de salud, economía y reciprocidad fiscal por parte de la Federación, ante la emergencia sanitaria.

“Nunca vamos a pedir nada que por Ley y por Derecho no le corresponda a nuestros estados. Estas reuniones no tienen el fin de estar contra alguien sino que estamos en favor de nuestros estados para garantizar y cuidar la soberanía de las entidades que cada uno de nosotros representa”, dijo.

Desde Morelia, el mandatario estatal dio a conocer que se trabajará en una Agenda de Salud, Reactivación Económica y Atención a la Pobreza. También,  se conformarán Grupos de Trabajo sobre los ejes de construcción de una nueva normalidad, reactivación económica por etapas, protección a grupos vulnerables y viabilidad financiera.

Se contempla una reapertura gradual en función de la capacidad hospitalaria, aplicación de protocolos sanitarios por actividad económica y coordinación para la apertura de sectores con cadenas de valor compartidas.

Los mandatarios de las 7 entidades acordaron también no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares; y en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o virtuales, se buscará la implementación de algún mecanismo para el acceso a contenidos educativos.

Cabeza de Vaca, expuso que coincidieron en el desacuerdo con la Federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de gobierno, que estaban vigentes y en pleno ejercicio para este año 2020, entre ellos, el del Servicio Nacional del Empleo.

Y finalmente, los mantarios reiteraron que seguirán construyendo la ruta legal para presentar la próxima semana a  la Secretaría de Hacienda, la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la Emergencia Sanitaria.

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