CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que este 1 de marzo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados le notificó formalmente, la solicitud de declaración de procedencia.
Según el mandatario, los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales, como las de su esposa, a finales de 2019.
La imputación de lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia.
“Todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos”.
Cabeza de Vaca afirma que extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados.
“Asimismo, la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos”.
“A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente”.
El Gobernador insiste en que desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en su contra o de su familia, solicitó comparecer para responder a cada una de las imputaciones realizadas por los denunciantes. “En ningún momento se me concedió ese derecho, como sí ha sucedido en otros casos”.
Finalmente, Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró su disposición a aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en su contra, con propósitos políticos y electorales.
“En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible. Una traición a la confianza de la gente”.
