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CIUDAD DE MÉXICO.- Cualquier tipo de daño fiscal será considerado como una amenaza a la seguridad nacional de México y la defraudación fiscal se considerará como delincuencia organizada, señala una reforma que el Senado pretende aprobar en septiembre para frenar un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas.

El proyecto de dictamen integra las iniciativas de senadores del PAN, Morena y Movimiento Ciudadano que buscan elevar el tipo penal para castigar a quienes no pagan impuestos y usan empresas fantasma o facturas falsas.

Las comisiones unidas de Hacienda, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado plantean la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y una adición al catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se considere como amenaza a la seguridad nacional “el contrabando y su equiparable; a la defraudación fiscal y su equiparable, así como a la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa”.

Cuando en el fraude fiscal estén implicados al menos tres personas y el monto del erario supere los 5.4 millones de pesos, el delito será considerado delincuencia organizada.

La reforma establece que los involucrados tendrán los mismos criterios penales, entre ellos lograr la disminución de su delito, si delatan a los involucrados en la cadena de defraudación fiscal.

Elevarán penas por defraudación fiscal

Todo tipo de daño fiscal, por evasión y elusión, será considerado una amenaza a la seguridad nacional de México, porque el no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad o permanencia de las finanzas públicas nacionales, establece la reforma que el Senado planea aprobar a partir de septiembre, a fin de poner freno a un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas.

De acuerdo con el proyecto de dictamen que recoge las iniciativas de la senadora del PAN Minerva Hernández, y de los senadores de Morena Alejandro Armenta, y de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se busca elevar el tipo penal para castigar a los ciudadanos y a las empresas que encuentran vericuetos en las leyes para no pagar impuestos y que los llevan a utilizar, incluso, empresas fantasma y facturas falsas para lograrlo.

Las comisiones unidas de Hacienda, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado plantean como parte de este cambio una reforma a la Ley de Seguridad Nacional y una adición al catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se considere como amenaza a la Seguridad Nacional “el contrabando y su equiparable; a la defraudación fiscal y su equiparable, así como a la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa”.