CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya tendrá que comparecer desde la Ciudad de México o área colindante a su audiencia de imputación reprogramada para el próximo 4 de octubre.
De no hacerlo, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá la oportunidad de buscar otra forma de encausarlo al procedimiento penal, como solicitar la orden de aprehensión.
Ayer, la diligencia fue aplazada luego de que la FGR reportó al Juez de Control, Gustavo Aquiles, el número de matrícula de un avión privado en que el panista voló a Texas a principios del mes pasado. Señaló que no ha retornado a México.
Los fiscales federales solicitaron diferir la diligencia, manifestándole al juez que no había condiciones legales para llevarla cabo, debido a que el ex candidato presidencial estaba fuera de su jurisdicción.
El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte aceptó el argumento e hizo la aclaración a Anaya de que, en la próxima audiencia, deberá comparecer por videoconferencia dentro de los límites de la CDMX y el área circundante.
Si bien Anaya ha vivido temporadas con su familia en Atlanta, Georgia, ayer no se precisó el lugar desde el cual se había conectado para comparecer en la audiencia.
La defensa del panista, encabezada por Eduardo Aguilar, por su parte, acreditó ante el juez que la FGR nunca le proporcionó acceso a la carpeta de investigación, razón por la que también solicitaron el diferimiento.
El juez estableció un plazo de 15 días para que la FGR entregue la carpeta de investigación al ex dirigente del PAN.
Anaya compareció ayer por videoconferencia desde el extranjero en una audiencia que estaba agendada para las 10:00 horas e inició hasta las 11:15.
En la causa penal 16/2021, la FGR atribuye a Anaya los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Ninguno prevé la prisión preventiva oficiosa, pero la autoridad la puede solicitar si considera que existe un riesgo de fuga.
La imputación se basa principalmente en la denuncia que presentó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el 11 de agosto de 2020, en la que dice que en agosto de 2014 envió un soborno de 6.8 millones de pesos a Anaya por haber votado por la reforma energética.
La Fiscalía informó ayer que otras pruebas en su contra son los dichos de Norberto Gallardo Vargas y Miguel Pérez Esquivel, jefe de escoltas y chofer del ex director de Pemex, respectivamente, así como Froylán Gracia Galicia, ex empleado de la dirección de la petrolera.
Todos ellos han manifestado ante el Ministerio Público haberle enviado o entregado el dinero, o en su defecto haberlo visto entrar a la oficina de Lozoya en la Torre de Pemex.
Adicionalmente, en la indagatoria se incluye el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma energética, y en el qué está registrado el voto de Anaya a favor.
Tensa la audiencia una ‘risa socarrona’
El carácter remoto de la audiencia judicial no rebajó la atmósfera de tensión entre la parte acusadora y el imputado.
La Fiscalía General de la República empezó por señalar que Ricardo Anaya no había ratificado a su abogado defensor, el joven Eduardo Aguilar.
Y, lo primero que hizo el ex candidato presidencial fue ratificar el nombramiento de su abogado, viejo conocido suyo, a quien colocó al frente del área jurídica del PAN cuando lideraba al blanquiazul.
Inmediatamente después, el imputado y su defensa protestaron ante Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por el hecho de que la Fiscalía no les había comunicado de qué se le acusaba formalmente al político queretano.
La Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero puso más pretextos, pero el juez atendió la observación del imputado y postergó la audiencia para el 4 de octubre.
Durante la audiencia el clímax asomó cuando la Fiscalía se quejó de la “risa socarrona” con que se conducía el imputado.
Anaya se vio forzado a exigir al juez que la parte acusadora se manifestara con respeto, porque había empleado un adjetivo impropio de una audiencia.
Agencia Reforma
