Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal de Naucalpan prohibió hoy al Gobierno, por tiempo indefinido, ejecutar cualquier obra del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, mientras no estén liberadas las autorizaciones y permisos en materia ambiental y arqueológica.

Agustín Buenrostro Massieu, juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, concedió una suspensión definitiva en uno de los amparos que impugnan la cancelación del nuevo Aeropuerto en Texcoco, promovidos por el colectivo #NoMásDerroches.

La suspensión definitiva no prohíbe la construcción en Santa Lucía, pero sí la condiciona a dos requisitos: El visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el trámite SA-08/2019, para determinar si en la zona existen monumentos arqueológicos que pudieran ser afectados por las obras, que está a cargo de la Dirección de Salvamento Arqueológico.

Además, la conclusión del trámite de Manifestación de Impacto Ambiental, que la Secretaría de la Defensa Nacional tramita ante la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, expediente número 15EM2019V0064, que está en etapa de consulta pública.

“La suspensión definitiva parte de la base relativa a la protección del medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y/o paleontológico en la zona en donde se construirá el proyecto aeroportuario”, aclaró el juez.

“De manera que no prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que no se ejecuten las obras relativas hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios indicados”.

El Gobierno tiene 10 días hábiles para impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado de circuito, que no tendrá plazo para resolver. Es poco probable que se dicte sentencia en este recurso antes de agosto, pues el Poder Judicial no labora la segunda quincena de julio.

Actualmente, el proyecto de Santa Lucía está en etapa de estudios previos y no existe un proyecto de inversión registrado ante la Secretaría de Hacienda, un estudio de costo beneficio o un Plan Maestro, por lo que en teoría faltan varios meses para el arranque de las obras.

Sin embargo, la suspensión impide a la Sedena realizar incluso trabajos preliminares, pues no distingue qué tipo de obras están congeladas.

En la sentencia, el juez menciona el reporte que le rindió el INAH sobre el proyecto de salvamento de vestigios.

“La Dirección de Salvamento Arqueológico continúa con las gestiones técnicas y legales con la Sedena para su ejecución, a efecto de contar con un instrumento legal que le brinde la posibilidad de acceder al polígono de la obra, así como contar con recursos financieros para llevar a cabo los trabajos necesarios para la recuperación y protección de los vestigios arqueológicos y paleontológicos que hay o se presume que existen”, informó el INAH.

Se agregó que en la zona hay una hacienda jesuita de finales del Siglo XVI que “será incorporada al proyecto constructivo”.

El pasado 30 de mayo, un tribunal colegiado de Naucalpan concedió una suspensión provisional–aún vigente–, similar a la que otorgó el juez Buenrostro, pero que fue más detallada al señalar afectaciones a dos parques nacionales cercanos a la Base Aérea Militar. El juez que lleva ese amparo resolverá el 20 de junio si concede una suspensión definitiva.