Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el último año de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno federal gastó 482.1 millones de pesos en la elaboración de libros blancos que no contribuyeron a la transparencia y la rendición de cuentas, consideró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El ente fiscalizador, en la auditoría 90-GB de la Cuenta Pública 2018, reportó que en la contratación de la elaboración de las memorias documentales se privilegió la adjudicación directa y la invitación restringida, además que hubo una concentración en la asignación de contratos.

“Se identificó que ocho entes públicos concentraron el mayor uso de recursos económicos en la contratación de servicios proporcionados por terceros (280 millones 269.0 miles de pesos), los cuales en conjunto representaron el 58.1% de los recursos totales erogados”, indicó.

Estos entes fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional del Agua, Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaría de Economía y Secretaría de Cultura.

Para el cierre de la pasada Administración, detalló la ASF, se elaboraron 459 libros blancos por parte de 114 entes públicos, de ellos 117 fueron hechos por las propias dependencias y 342 fueron contratados por un monto de 482 millones 179 mil pesos.

“Del análisis de la información contenida se identificó que no fue suficiente para evaluar el desempeño gubernamental y apoyar la toma de decisiones, por lo que no se contribuyó a la transparencia y rendición de cuentas”, concluyó.

Los libros blanco son registros documentales que tienen el propósito de resaltar las acciones de algún programa o proyecto de Gobierno, políticas públicas y otras acciones gubernamentales relevantes.

La Auditoría resaltó el hecho de que mientras 117 libros blancos no tuvieron ningún costro extra debido a que fueron elaborados por las propias dependencias, en el resto se erogaron recursos y tuvieron variaciones significativas en cuanto a precio y calidad.

“Las debilidades en la calidad de la información en los libros blancos representan un riesgo que, de materializarse, podría imposibilitar conocer la situación real del proyecto, programa o política pública de que se trate, así como las acciones a ejecutarse para su continuidad (en los casos aplicables)”, indicó.

“Asimismo, no posibilita contar con una visión global que permita conocer si el proyecto, programa o política pública relevante se llevó a cabo de forma correcta y si se dio cumplimiento al objetivo del mismo”.