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Líderes opositores en la Cámara de Diputados advirtieron que el memorándum para dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa vigente, es ilegal, además, los funcionarios que lo acaten pueden ser sujetos de responsabilidad penal y controversias constitucionales.

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el memorándum, los coordinadores de las bancadas del PRI, René Juárez Cisneros; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y del PRD, Verónica Juárez Piña, coincidieron en que carece de todo fundamento jurídico.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juárez Cisneros, manifestó que el Presidente de la República no puede instruir a “dejar sin efecto” leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, pues para hacerlo debe seguir un proceso a través del propio Poder Legislativo.

Además, se trata de una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro entre los Poderes de la Unión.

“El denominado ‘memorándum’, como orden administrativa, sería un acto inconstitucional, pues violaría el artículo 89 fracción I que obliga al Presidente a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso”, subrayó.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Romero Hicks, consideró que en lo político, con esa medida el Ejecutivo federal evidencia que está siendo vencido por el chantaje, el amago de intereses espurios y de clientelas corruptas de la CNTE, que quieren el tráfico de plazas y la herencias de las mismas, “eso habla de una derrota política”.

En su opinión, manda un pésimo mensaje cuando el interés superior es la niñez, no los supuestos beneficios laborales.

Afirmó que jurídicamente es insostenible, para empezar, no funda ni motiva, por lo tanto carece de vigencia jurídica, es nulo de pleno derecho, además atenta contra la división de poderes, y los funcionarios que acaten esa instrucción pueden ser sujetos de responsabilidades que van del desafuero el juicio político, hasta demandas penales y controversias constitucionales.

Advirtió que claramente se establece que el Presidente, al desacatar el Estado de derecho, incurre en corrupción, lo que tanto ha combatido él se presenta como corrupto al no darle su lugar al Poder Legislativo y sucumbir ante un grupo con intereses espurios.

La coordinadora de los diputados del PRD, Juárez Piña, acusó que en política educativa, el Presidente de la República está dando palos de ciego en su afán de complacer a los grupos del magisterio que fueron sus aliados en la campaña.

Juárez Piña exhortó al mandatario federal a que en lugar de pretender asumir facultades legislativas que no le corresponden, respalde junto la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, el dictamen aprobado en las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.

“Hace mal el Presidente al priorizar el afán de las dirigencias sindicales por recuperar sus privilegios económicos y políticos, particularmente de la fracción de la CNTE que se opone al dictamen”, añadió.

“Me da la impresión que el Presidente está acorralado y frente a quienes lo presionan para que les cumpla los compromisos políticos y económicos que acordaron durante la campaña, ahora pretende desatender su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad”, afirmó.