Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- En Andorra, Juan Collado era sospechoso de lavado y millonarias operaciones con dinero de origen desconocido realizadas entre el 2006 y 2015, pero en México fue exonerado por autoridades y jueces.
En el sexenio de Enrique Peña, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exculparon al abogado y resolvieron que no había indicios de lavado, ni delitos financieros en sus millonarias cuentas que llegaron a Andorra.
En marzo del 2017, la gestión del entonces Procurador Raúl Cervantes en la PGR cerró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016 y decretó el “no ejercicio de la acción penal” al estimar que no había ningún delito.
Después, en diciembre de ese año, Mauricio Moreno Balbuena, entonces director de Procesos Legales de la UIF, también informó que no tenía elementos para acusarlo por delitos financieros.
Con esos antecedentes, a finales del 2018, el juez Arturo Medel Casquera determinó que el caso de los 83.1 millones de dólares congelados en Andorra, era ya una cosa juzgada en México y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos.
El diario español El País publicó que el abogado mexicano siempre defendió que el dinero en Andorra procedía de las 66 sucursales de las casas de empeño de las que era dueño su padre, que tuvo ingresos por 84 millones de euros en 14 años, y de su actividad profesional, en la que dijo tener clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares por hora.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) afirmó que es imposible conocer el origen real de los fondos transferidos, y reveló que en total Juan Collado movió 120 millones de dólares en ese país europeo entre 2006 y 2015, según el rotativo ibérico.
Acusaron que el abogado mexicano recibió fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, registró préstamos injustificados y abonos de centros cambiarios sin documentar su objeto.
Y tras la captura de Collado por la operación de compra del edificio Caja Libertad, una juez del Principado embargó 83.1 millones de dólares al litigante.
El abogado está preso desde el pasado 9 de julio por lavado y delincuencia organizada.
Actualmente Mauricio Moreno Balbuena, el ex director de la UIF, es investigado por desbloquear ilegalmente 722 cuentas en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
