Lo persigue Maduro y con la 4T hace negocios

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CIUDAD DE MÉXICO.- Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa estableció tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual Gobierno federal.

Marín Sanguino, quien en dos ocasiones fue Alcalde de la ciudad portuaria de Guanta, está acusado en Venezuela de haber utilizado empresas fachada a nombre de su esposa Esneidy Mayerling Villanueva Medina para hacer negocios con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tras girarse orden de captura en su contra en 2019, el político venezolano huyó a México, en donde su esposa creó la empresa Neurova Life S.A de C.V, la cual recibió en marzo del presente año un contrato por 817 mil pesos para abastecer 361 mil cubrebocas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo con el acta constitutiva de Neurova Life, el objeto de la empresa incluye actividades que van desde la compra, venta, importación y comercialización de productos medicinales, naturistas y medicamentos, artículos médicos, quirúrgicos, ortopédicos y de belleza, hasta contratación de personal médico y clínico, entre otras.

Además de Neurova Life, la esposa del político venezolano creó casi simultáneamente otras dos empresas donde figura como socia, una que incluye también la comercialización de medicinas e insumos hospitalarios, y otra enfocada en equipo y servicios para actividades petroleras y mineras.

Las tres empresas fueron registradas en un periodo de tres semanas, entre el 24 de marzo y el 14 de abril de 2020, con el mismo notario público, Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaría 121, actualmente con oficinas en Paseo de la Reforma.

Jhonnathan Marín Sanguino fue dos veces electo como Alcalde de Guanta, en 2008 y en 2013; en 2017 renunció y salió del país.

Guanta, junto con las ciudades de Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería, forman una zona conurbada con más de 1.2 millones de habitantes.

Tiene relevancia económica por ser la sede de un puerto internacional.

El 25 septiembre de 2019, Elvis Amoroso, Contralor General de la Administración del Presidente Nicolás Maduro anunció que se había iniciado un procedimiento administrativo en contra del ex funcionario chavista por “ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público”, en su gestión.

Sobre Marín Sanguino ya pesaba una orden de aprehensión girada el 4 de febrero del mismo año por un juzgado penal del área metropolitana de Caracas, por los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir, y en marzo se le dictaron medidas que incluían la incautación de bienes y propiedades, y bloqueo de cuentas.

Empresas de papel

Al ex Alcalde venezolano se le involucra también en un esquema de corrupción contra Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de contratos a “empresas de maletín” o de papel, según investigaciones del Ministerio Público venezolano.

Los casos de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, investigados por el actual régimen desde el 2017 -cuando huyó de Venezuela-, incluyen también contratos a través de empresas a nombre de su esposa por supuestos servicios prestados a PDVSA.

Tras el anuncio del Contralor de Maduro de la investigación en su contra, Marín publicó en sus redes sociales un video donde advertía que tenía muchas cosas por decir.

MCCI solicitó una entrevista al ex funcionario venezolano y a su esposa, pero no respondieron a la petición.

El 5 de junio de 2020, Amoroso anunció la inhabilitación de Marín para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, al determinar responsabilidad administrativa por malversación de fondos en su gestión como Alcalde de Guanta.

Actualmente su esposa, Mayerling Villanueva, aparece también como directiva de dos empresas incorporadas en Florida en julio de 2014, Inversiones J.M 2004, C.A Corp. y Group Services & Transporte Vip C.A. Inc., que cambiaron a estatus de “inactiva” a partir de enero del 2019.

Agencia Reforma

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