“Es una impotencia muy grande que nadie aquí nos ayude como autoridad”. Esta mujer, que busca a su joven hijo desaparecido en 2021, es una víctima colateral de la violencia en México, que desde hace dos años golpea duramente al norteño estado de Zacatecas.
“Mi hijo (…) sale de trabajar con su papá y se traslada a ver a su novia”, recuerda Nancy, uno de los rostros del drama de los desaparecidos que sacude a unas 96.000 familias, denunciando la impunidad de los criminales y la ineficiencia de las autoridades.
La afligida madre acudió a la fiscalía, donde le enseñaron el expediente de la investigación: “En una foto se ve donde a mi hijo lo interceptan dos personas. Pero aquí nadie hace nada”, lamenta.
“Mi hija tenía 17, ayer cumplió 18”, añade Carmen, otra madre cuya hija desapareció con su novio a mediados de 2021.
La chica de cabellos castaños y grandes ojos, cuya fotografía adorna la sala familiar, tenía una semana viviendo con su novio.
“Salieron entre una y dos horas después del mediodía. Ya no supimos de ellos”, indica Carmen.
Algunas veces los presuntos secuestradores piden rescate a los familiares de las víctimas, que también pueden ser reclutados de manera forzosa por grupos criminales.
Según la fiscalía de Zacatecas, hasta el pasado 12 de diciembre sumaban 1.132 las personas reportadas como desaparecidas en 2021 en el estado, contra 808 en 2020, según publicó un diario mexicano.
Del total, 84 personas fueron halladas muertas y 456 con vida, mientras que 592 no habían sido localizadas.
Había pruebas de que 285 habían sido secuestradas por el crimen organizado. En muchos casos se desconocen las circunstancias de la desaparición.
Las familias que no saben nada de sus seres queridos viven una “tortura continua”, dice Ricardo Bermeo, del mecanismo estatal de búsqueda de personas desaparecidas.
“Lo importante para las familias es conocer su paradero”, incluso si murieron, y “cerrar el duelo”, añade Bermeo.
En una columna publicada el sábado en otro diario, titulada “El silencio infame de la desaparición”, el analista Ricardo Raphael sostuvo que combatir el crimen y la impunidad se complica porque en México existen 11 fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales por cada 100.000 habitantes en promedio, una cuarta parte de los requeridos.
Días atrás, el gobierno federal reveló que hay 37.000 cadáveres sin identificar en servicios forenses y fosas clandestinas, si bien la ONG Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México advierte que serían 52.000.
Al dar a conocer la cifra oficial, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que la tarea de identificar cuerpos se complica porque “no hay una base de datos de genética nacional” para cotejar las muestras de ADN de familiares de desaparecidos.
En noviembre, el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas lamentó la impunidad casi total con la que actúan los secuestradores.
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