Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ordenó determinar si Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, debe o no continuar procesado por una imputación que lo relaciona con un supuesto desvío de 185 millones de pesos en el caso de la llamada Estafa Maestra.

El Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México concedió ayer al ex funcionario un amparo contra la vinculación a proceso dictada el 20 de marzo pasado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La FGR imputó a Saldaña de supuestamente participar en la firma del convenio de servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, por una suma de 185 millones 839 mil 480 pesos, misma que habría sido desviada.

Un dictamen de la propia FGR realizado el 23 de agosto de 2018, sobre 12 documentos originales, concluye que la firma que aparece de Saldaña no es de su puño y letra.

En el fallo dictado en la sesión del pleno de ayer, los magistrados del colegiado instruyeron en forma unánime al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, citar a una nueva audiencia y resolver la situación jurídica del ex funcionario.

Pero la diligencia deberá tener como punto de partida el momento en que el juzgador reclasificó el delito de uso indebido del servicio público -originalmente imputado por la Fiscalía General de la República-, por el de uso indebido de atribuciones y facultades, que tiene procesado a Saldaña.

La defensa del procesado, encabezada por Alberto del Río Azuara y Jesús Moreno de Leija, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta a los jueces para reclasificar los hechos, por violar el principio de contradicción y los derechos de defensa, audiencia y debido proceso.