lunes, agosto 18, 2025
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    ‘Pega’ a Poder Judicial de Brownsville cierre de gobierno

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    A medida que continúa el cierre parcial del gobierno, la menguación de presupuestos podría estar impactando la opción de los agentes de libertad condicional federales, del monitoreo por GPS en el tobillo y formas más baratas de monitoreo electrónicas para acusados sentenciados a arraigo domiciliario.

    Una investigación conjunta entre The Brownsville Herald y KRGV, reveló que durante una audiencia de sentencia el 16 de enero frente al Juez de Distrito de Estados Unidos Rolando Olvera, el juez y un oficial de libertad condicional discutieron como se habían dado directrices para la libertad condicional el 14 de enero de usar la tecnología de monitoreo electrónico que es menos costosa que el monitoreo de tobillo.

    Sin embargo, los oficiales federales no dicen la razón.

    El Jefe de Libertad Condicional Luis López no respondió a múltiples peticiones de comentarios o para aclaración y alguien que contestó un número proporcionado por un oficial federal para López, dijo que el reportero tenía número equivocado, aun cuando el oficial federal confirmó que el número es el correcto.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha publicado su plan de contingencia 2019 para la falta de asignaciones, que explica lo que sucede con los 40 componentes que forman el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

    Sin embargo, Ryan Patrick, Procurador del Distrito Sur de Texas de Estados Unidos, compartió en Twitter que igual que otras agencias federales, el Departamento de Justicia se encuentra sin financiamiento y su oficina ha colocado a los empleados no esenciales en cesantía laboral.

    En términos de la Oficina del Procurador de Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, su portavoz ha estado silencioso desde el 21 de diciembre, un día antes del cierre, y una mujer portavoz de la oficina no contestó un correo electrónico buscando comentarios y aclaración sobre los cambios al monitoreo electrónico.

    “El poder judicial federal puede sostener operaciones pagadas hasta el jueves, 31 de enero”, dijo Oschner en un comunicado por correo electrónico. “El pago por horas trabajadas a los empleados a partir del 1 de febrero se pospondrá hasta que se resuelva el cierre de gobierno pero las operaciones de la corte continuarán de manera normal”.

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