Nacional.- A casi dos años de la presentación del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo e Ingreso Familiar para enfrentar la pandemia, anunciado en 2020 por un monto de 3 mil 209.8 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reporta haber recibido información “revisable” por sólo poco más de mil millones.
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De acuerdo con el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, otros 971.7 millones reportados en el mismo paquete de ayuda por concepto de “incentivos fiscales” –o pérdida de ingresos– tampoco fueron fiscalizados debido a que la Secretaría de Hacienda estatal no presentó un “informe de cómo se comportó ese proyecto”.
Con respecto a la información del Plan que difundió la administración anterior en el portal de transparencia creado para la pandemia, por el monto de tres mil 209.8 millones, Acosta planteó que, salvo por la cifra de incentivos fiscales, el resto no coincide con lo entregado en mayo por Hacienda.
“La información que aparece ahí es información que obtuvieron de diferentes fuentes; no digo que es incorrecta, simple y sencillamente que la Secretaría de Hacienda, a la hora que nosotros le hacemos la solicitud formal, nos da otros datos”, dijo.
“Lo que podíamos revisar era lo que realmente se ejecutó con recurso del Estado, del plan, que fueron mil un millones 237 mil 863 (…) La Secretaría de Hacienda no entrega un informe de la proyección que hizo; cuando dice que va a destinar tres mil millones, a la par no informó cómo se integraron esos tres mil millones una vez que ya se ejecutó el programa, o sea, lo hizo cuando lo anunció pero no cuando ya lo ejecutó, no al terminar”, agregó Acosta.
En el universo auditado, además, la ASE encontró irregularidades como descontrol en la entrega de contratos y otras que, si bien no son cuantiosas en comparación con el total del recurso, dijo Acosta, “llaman la atención por la tipología, por la forma en la que se generaron”.
Entre éstas, se señala en la documentación, hay casos de servidores públicos que recibieron subsidios o presentaron conflictos de interés en la entrega, incluyendo por parte de uno que era encargado de repartirlos.
“En términos generales, encontramos apoyos a personas o a beneficiarios que no reunían los requisitos, apoyos a personal del propio gobierno estatal, apoyos a personal, a servidores públicos de diversos municipios los cuales por ser servidores públicos no podían recibir apoyos económicos”, dijo Acosta.
“Encontramos en algunos casos situaciones de conflictos de interés porque los servidores públicos tenían alguna relación comercial o familiar con los beneficiarios”, agregó.
La Auditoría Superior del Estado incluyó los hallazgos en diversos informes individuales de la cuenta pública de 2020 entregados entre diciembre y febrero pasados y, esta semana, informó Acosta, prevé entregarlos condensados en un informe especial para la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
La Secretaría de Hacienda de la administración actual no respondió ayer una solicitud de información sobre el destino de los recursos no revisados por la ASE, mientras que la exdiputada local y hoy diputada federal, Rocío González, informó que los recursos del Plan estaban previstos para ser aplicados en 2020.
La Coordinación de Gabinete –encargada del portal de transparencia– tampoco respondió una solicitud de información sobre el soporte de la distribución del dinero difundida en el sitio electrónico con la información de gastos transparencia.
Agencias
