Víctor Fuentes /Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Baja California pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia invalidar la reforma que extendió de dos a cinco años el periodo del Gobernador electo Jaime Bonilla, quien tomará posesión la próxima semana.

Francisco Rueda, Secretario de Gobierno de la Administración saliente, promovió ante la Corte una controversia constitucional para impugnar la reforma al artículo transitorio de la Constitución de Baja California que establece el periodo que Bonilla ocupará el cargo.

Fuentes judiciales informaron que la controversia fue turnada ayer mismo al Ministro Fernando Franco, quien en los próximos días acordará sobre su admisión a trámite.

Esta demanda se suma a acciones de inconstitucionalidad promovidas el viernes pasado por las dirigencias nacionales del PAN y Movimiento Ciudadano, que aún no han sido admitidas en la Corte y que tienen el mismo objetivo que la controversia.

En su demanda, el Gobierno estatal no pidió al Ministro instructor la suspensión de la reforma impugnada, pues es una ley general que la Corte no puede congelar, amén de que el problema no es la llegada de Bonilla a la Gubernatura, sino la pretensión de extender el periodo para el que fue electo.

Una vez que la Corte admita las demandas, correrá el plazo para que las autoridades demandadas presenten su contestación y se requerirá algún tiempo para elaborar los proyectos de sentencia, por lo que no está garantizado que el caso será votado este año en el Pleno del tribunal.

La Administración de Francisco Vega de Lamadrid alega que la reforma, impulsada por Morena en el Congreso estatal y avalada por los demás diputados locales, viola el principio de certeza electoral

“Se modificó indebidamente una obligación de hacer en cuanto a la temporalidad del inicio y conclusión del ejercicio del encargo, siendo que además es criterio de la Suprema Corte que el parámetro fundamental a seguir tratándose de extender o acortar el mandato de los gobernantes locales consiste en que no se exceda de la periodicidad de seis años y que se haga como una previsión a futuro”, dice la demanda.

Lo anterior “a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, es decir, aplicando tales ajustes para las próximas elecciones, y no una vez ya electo el gobernante”.

También, se alega que el Congreso ilegalmente excluyo al Poder Ejecutivo del proceso de reforma a la Constitución estatal; no obstante, que las propias normas locales ordenan darle participación. En el caso de la “ley Bonilla”, se dispensaron todos los trámites y la iniciativa del grupo parlamentario de Morena fue aprobada el 8 de julio pasado como de urgente resolución.

La controversia fue preparada por Pedro Nava Malagón, quien en la década pasada fue titular del área de la Corte especializada en tramitar este tipo de demandas.