CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversos medios de impugnación, a fin de revocar una serie de actos inconstitucionales e ilegales cometidos por legisladores del PAN.
La diputada local Úrsula Salazar Mojica informó que el pasado viernes 29 de julio los diputados de Morena impugnaron tres decretos con los cuales el PAN ha transgredido la adecuada transición del Gobernador saliente al Gobernador electo por el pueblo, lo cual vulnera su derecho de efectivo acceso al desempeño del cargo.
Salazar Mojica explicó que el primer decreto impugnado en la Suprema Corte es el 65-182 que establece que, para inscribirse en el Padrón de Proveedores estatal o municipal, los interesados deberán cumplir el requisito de Exhibir Constancia de Antecedentes de No Corrupción.
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“Esto vulnera la prohibición de no discriminación y el principio igualitario, así como las garantías de libertad de oficio y libre empresa”, indicó.
Lo anterior, dijo, restringe los derechos económicos de los ciudadanos, dado que, aun sin ser culpables de uno de los delitos de hechos de corrupción, si no exhiben la constancia de no corrupción, no podrán inscribirse en el padrón de proveedores estatales y municipales.
La diputada de Morena recordó que, a la fecha, dicho padrón se encuentra repleto de empresas fantasmas del PAN y con contratos con sobreprecios.
Agregó que también se impugnó el decreto No. 65-183 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Dicha medida tiene como objetivo eliminar o modificar, sin justificación, violentando diversos derechos y principios constitucionales, atribuciones al ejecutivo de la entidad; así como modificar la integración y adscripción de diversos órganos que tienen competencias y facultades fundamentales y diferentes en el Estado; incorporándolos a la Fiscalía Estatal a través del sometimiento de aspectos inseparables a su competencia a otros poderes.
Continuando con el cúmulo de ilegalidades, agregó, se está luchando en contra del decreto 65-184 relacionado con el servicio público del agua y que pretende modificar la Ley de Aguas, para eliminar en los Consejos de Administración de los organismos municipales.
La reforma aprobada por el PAN deja el poder de decisión, por mayoría de votos, al sector social y privado y deja fuera del ámbito de decisión efectiva al propio municipio, lo que contraviene de manera cierta y directa lo que establece el artículo 115 constitucional, pues priva al municipio de la facultad de decidir respecto de la prestación efectiva del servicio de agua y del monto y cobro de los derechos de éste.
“Las y los tamaulipecos, no nos merecemos el trato que esta minoría panista desechada desde las urnas nos da, y mucho menos merecemos, que, por medio de argucias legaloides, quieran torcer la voluntad de la mayoría”, acusó la diputada Úrsula Salazar.
Por último, aseguró que los diputados de Morena continuarán tomando las acciones legales necesarias para ponerle un alto al régimen, que obsesivamente pretende perpetuarse en el poder.
