La protesta más reciente tuvo lugar este sábado en el puente internacional Santa Fe, conocido también como Puente Paso del Norte, donde familiares y activistas del colectivo Justicia para Nuestros Deudos liberaron simbólicamente las casetas fronterizas, buscando visibilizar su indignación y exigir a las autoridades respuestas rápidas.

“Es para hacer que nos miren las autoridades, que el gobierno vea que no estamos solos, que somos muchas personas las que estamos pasando por esto”, declaró Claudia Martínez, una de las manifestantes.

“Queremos que el gobierno nos apoye, que por favor voltee la presidenta Claudia Sheinbaum, que diga ‘voy a hacer algo’”, añadió.

El caso salió a la luz pública el 26 de junio, luego de que vecinos denunciaran olores fétidos provenientes del crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Al intervenir, la policía encontró cientos de cadáveres acumulados sin incinerar, muchos de ellos embalsamados y almacenados en condiciones insalubres.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua detuvo de inmediato a José Luis Arellano Cuarón, encargado del establecimiento, y a Facundo Martínez Robledo, empleado, quienes enfrentan cargos por inhumación y exhumación ilícita de cadáveres, delitos que podrían alcanzar penas superiores a los 15 años de prisión.

Mientras tanto, la identificación de los cuerpos ha avanzado lentamente, pues hasta ahora, la Fiscalía, solo ha identificado plenamente 27 cadáveres, de los cuales apenas 13 han sido entregados a sus familias.

La lentitud aumenta la desesperación entre los familiares que tiene cada vez más incertidumbre de contar con los restos de sus difuntos, al tiempo que exigen justicia por sus deudos y voluntad política para atender el caso.

“El reconocimiento de 27 cuerpos… espero que en esa misma medida estén entregados a las familias”, indicó Dora Elena Delgado Barraza, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.

“Queremos justicia para nuestros deudos, que las autoridades volteen a ver estos actos de corrupción. No hay voluntad política”, abundó.

Por este caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a las autoridades mexicanas a realizar una “investigación eficaz”.

No obstante, la tensión social aumentó recientemente cuando las autoridades encontraron otros tres cuerpos en un inmueble vinculado al dueño de la funeraria Del Carmen, también relacionada con el crematorio Plenitud.

Esto generó sospechas de que podrían existir más ubicaciones clandestinas.

“Es una burla para la comunidad (…) eso nos termina de comprobar que todas las funerarias están coludidas, que todos son corruptos (…) desde (el reguldaor) Cespris, hasta las dependencias que dan permisos de uso de suelo”, añadió Martínez, quien vio “probable” que existan más lugares con cadáveres ocultos.

Familiares como Alberto Miranda Esparza, quien busca los restos de sus padres, calificaron la espera como insoportable.

“Es una angustia horrible. Todavía no lo podemos enterrar. No sabemos dónde están. Tenemos ahí unos nichos con cenizas, pero no sabemos si son o no son (los restos de sus familiares)”, comentó.

Los manifestantes advirtieron que continuarán las protestas hasta que las autoridades esclarezcan los hechos, se logre identificar a todas las víctimas y se garantice la reparación integral del daño causado.

Con información de EFE