Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles presentó un nuevo amparo con el que pretende el beneficio de la prisión domiciliaria en su proceso por la “Estafa Maestra”, sin embargo su demanda no fue admitida en los dos intentos que hizo.
Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal, rechazó admitir el recurso legal al estimar que no se trata de un caso urgente que deba ser tramitado durante la emergencia sanitaria.
Es decir que, conforme a los lineamientos que estableció el Consejo de la Judicatura Federal, no es un asunto de peligro de privación de vida, ataques a la libertad fuera de procedimientos legales, incomunicación, desaparición forzada o cualquier otra violación grave de garantías constitucionales.
Según informes federales, si bien Robles manifiesta estar privada de la libertad, el juzgador consideró que su amparo no era de atención urgente porque ella misma demandó la inconstitucionalidad del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y un litigio contra una norma suele demorar más tiempo que cuando se trata de una demanda contra un acto de autoridad concreto.
El apartado legal impugnado contempla la prisión domiciliaria sólo para personas mayores de 70 años y afectadas por una enfermedad terminal, así como para mujeres embarazadas o madres durante la lactancia, características que no cumple Robles, lo que impide que acceda a ese beneficio.
Fuentes federales indicaron que el jueves Robles envió por vez primera su demanda, pero no fue admitida. Al día siguiente lo intentó de nueva cuenta y el resultado fue el mismo.
De momento, su única opción es esperar a que termine la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación, para que pueda ser admitido su amparo. Eso podría ser hasta el próximo 1 de junio, siempre y cuando no se amplíe el paro de labores.
La ex titular de la Sedatu y la Sedesol presentó esta demanda de garantías contra el fallo de Ganther Alejandro Villar Cevallos, juez de control del Reclusorio Sur, quien el pasado 1 de mayo rechazó concederle la prisión domiciliaria.
El impartidor de justicia estableció en aquella ocasión que era improcedente el cambio de medida cautelar porque prevalecían las mismas condiciones para suponer un riesgo de fuga de la ex funcionaria.
Desde el 13 de agosto de 2019, Robles está presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, procesada por ejercicio indebido del servicio público, un delito que no amerita la prisión preventiva justificada.
La imputación en su contra consiste en presuntamente haber sido omisa durante todo el sexenio pasado, ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol por una suma de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
