El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado mexicano, dijo que la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medioambiente”.
Asimismo, expuso que la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.
Además de que pondrían en grave riesgo la credibilidad del país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
Los empresarios acusaron que la CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes.
