AGENCIAS
VENEZUELA.- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, encomendó a dos oficiales de su equipo a permanecer en Venezuela para escuchar la voz de familiares de presos políticos y conocer la condición en la que viven en las cárceles chavistas, con la garantía del gobierno a darles acceso a estas instalaciones; sin embargo, esto no ha ocurrido.
La española Sara Nuero y el mexicano Carlos de La Torre, representantes de la comisión de Bachelet, reportaron que no han logrado reunirse con militares presos que, según presume la oposición, están en los “sótanos” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
De acuerdo con los delegados de las Naciones Unidas, el coronel Hannover Esteban Guerrero, director de Investigaciones de la DGCIM, no ha respondido a su solicitud de entrevistarse con algunos militares retenidos, pues argumenta que “no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación de su superior”, el mayor Iván Hernández Dala, director de la agencia.
Si algo ha sido consistente en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de militares y civiles detenidos es que existe un modus operandi que se ha cumplido de manera rigurosa: allanar sus viviendas sin orden previa, robarles dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en su propiedad.
Organizaciones civiles y familiares acusan que los presos fueron detenidos sin orden judicial, algunos están expuestos a tortura, están incomunicados y no les permiten hablar con un abogado, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley; además, todas las denuncias se basan en informes carecen de sustento.
Existen múltiples casos en que la persona detenida ha llegado golpeada y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero estas incidencias no aparecen en las actas oficiales ni los expedientes judiciales, pues los jueces, alineados con el gobierno de Nicolás Maduro, ignoran las solicitudes de la defensa.
