“Al parecer, ya aceptaron devolver el dinero, nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando. Desde luego, el plazo no debe de rebasar el 2024; es decir, se tiene que terminar de liquidar antes del 2024.

“Entonces, si se decide dar plazos, sería 21, 22, 23 y 24, considerar cuatro pagos. Considerar también los intereses del dinero, dar los plazos, pero que no haya pérdida”, comentó López Obrador. 

Ayer, los nuevos inversionistas de AHMSA, encabezados por el empresario Julio Villarreal Guajardo, se comprometieron a pagar el supuesto sobreprecio de 200 millones de dólares que el Gobierno de México reclama.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que ese dinero sería destinado al sector salud para garantizar el acceso de la vacuna contra el Covid-19 a todo el País.

“Sí tiene que castigarse a los responsables y nosotros lo que queremos es que se regrese el dinero, porque sí estamos hablando de 200 millones de dólares, son como 4 mil millones de pesos.

“Si con 140 millones compramos 80 ambulancias, con 4 mil… pues hagan la cuenta.Se estaría destinando a Salud, seguir ampliando recursos que están destinados a la vacuna, para garantizar que la vacuna contra el Covid sea universal”, agregó.

Agencia Reforma

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La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Asociación Nacional de Pequeños Negocios, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, entre otros, señalaron que la afectación por la adición del Artículo 20 Bis a la Ley llegará hasta los productores artesanales y pequeños comercios a lo largo del territorio oaxaqueño.

“Lamentamos que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición votada el día de hoy, sin tomar en cuenta a las partes afectadas”, apuntaron.

Los organismos empresariales resaltaron que el decreto aprobado por los legisladores oaxaqueños, “pretende ir más allá, al limitar la venta de productos como por ejemplo el chocolate oaxaqueño, granolas, yogures, cereales entre otros, en cualquier tiendita, restaurante, taquería, supermercado, etc”.

Según IP dicha condición que no sólo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización. Por lo que será “más negativo el remedio que la enfermedad”.

El sector privado reiteró que coincide en la preocupación de solucionar el sobrepeso y la obesidad. Comentaron que todos los sectores representados están abiertos al diálogo y a encontrar las soluciones integrales más adecuadas.

Destacaron que los sectores productivos no venden sus productos directamente en instituciones educativas, pues así lo establece la legislación federal desde 2013. Añadieron que si existe algún caso, las autoridades deben actuar.

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal alista nuevas reglas a la publicidad de alimentos para restringir al máximo el consumo de productos con exceso de azúcares, calorías, grasas, sodio y grasas, particularmente por los niños.

La Secretaría de Salud (Ssa) publicó ayer un proyecto de decreto presidencial para reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad que complementa y adiciona algunos principios del nuevo etiquetado nutrimental, cuya vigencia inicia en octubre.

“La publicidad de los productos preenvasados que en su etiqueta incluyan uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes, de conformidad con la normatividad correspondiente, no deberá incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como juegos visual-especiales o descargas digitales, dirigidas a niños que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de dichos productos”, se ordena en el proyecto.

También se señala que si el producto que se está anunciando tiene exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio, entonces la publicidad tendrá que incluir los sellos negros de advertencia previstos en el nuevo etiquetado y no podrá mencionar recomendaciones de organizaciones o asociaciones profesionales.

Asimismo se tendrán que incluir, en su caso, leyendas como “Contiene Edulcorantes, no Recomendable en Niños”, o “Contiene Cafeína, Evitar en Niños”.

El proyecto no distingue entre el medio de difusión de la publicidad, por lo que las restricciones serían aplicables en todos los medios.

La publicidad requiere permiso de la Secretaría de Salud. La reforma agrega los requisitos para obtenerlo, entre ellos presentar la etiqueta del alimento preenvasado, bebida no alcohólica o suplemento.

En cuanto a las recomendaciones de asociaciones profesionales, se tendrá que presentar a la autoridad documentación con evidencia científica, objetiva y fehaciente de la evaluación del producto.

Este requisito ya existe en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que toca a Profeco aplicar para todos los productos y servicios, pero al ser incluida en un reglamento sanitario, su vigilancia también corresponde a la Secretaría de Salud.

La reforma a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso y obesidad, publicada el pasado 8 de noviembre, daba seis meses al Ejecutivo para los cambios reglamentarios necesarios, es decir, el Gobierno ya está fuera del plazo.

Lo que el Gobierno sí reformó, el 27 de marzo, fue la Norma Oficial Mexicana para el etiquetado nutrimental, luego de un polémico proceso de consulta que resultó en un amparo de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), cuyo trámite está congelado por la pandemia Covid-19.

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