CIUDAD DE MÉXICO.- Ulises Bravo, medio hermano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue señalado de ser beneficiario de las obras realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), ya que empresas afines a él fueron contratadas, de acuerdo con una acusación presentada ante la Fiscalía del Estado.

También fue inculpado de solicitar recursos de programas sociales para otros fines.

Jéssica Millán Pérez, ex directora de Infraestructura Social en la Secretaría de Desarrollo Social de Morelos, denunció que desde su cargo fue testigo de la contratación de un consorcio de empresas para efectuar obras de rehabilitación de escuelas, las cuales no fueron terminadas en tiempo y forma.

“Un consorcio de empresas que opera en Morelos es de Ulises Bravo, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, las obras fueron contratadas por su amigo Jonathan Baltazar Mejía Alegría, director General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, y quien era mi jefe inmediato”, indicó Millán en su denuncia.

La ex empleada, despedida desde septiembre por interponer la denuncia, expuso que Mejía contrató a empresas para 27 obras de remodelación en escuelas por las que se pagó más de 26 millones de pesos, sin embargo, las mejoras no fueran terminadas.

Añadió que los recursos que se ejercen a través de la Dirección General, que dirige actualmente Mejía Alegría, permiten el otorgamiento de proyectos productivos a grupos de migrantes e indígenas, así como para gastos indirectos del Programa FISE, que está destinado a contratación de personal para las actividades que marcan los lineamientos del programa, sin embargo, los proyectos no se han podido ejercer, ya que el amigo del medio hermano del Gobernador pretende obtener esos montos en efectivo.

“Sin guardar las formas, me comentó que son instrucciones de ‘el jefe’ (Ulises Bravo) y que debe entregarle ese recurso de 2 millones 500 mil pesos, por lo cual pretendía no entregar documentos de la dirección al Secretario de Desarrollo Social (el ex árbitro Gilberto Alcalá) hasta que éste acceda a firmar sus peticiones tal y como él las demanda”.

Recordó que en una visita de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Mejía vio la posibilidad de sobornar al Director General de Obra Educativa para que le ayudara a decir que los trabajos en las escuelas se dieran por hechos.

“Yo busqué nuevamente un acercamiento con Ulises Bravo para decirle que ya estaba encima la auditoría y él diera una instrucción de qué procedía porque incluso el Director de Obra Educativa me decía que también estaba en espera de una respuesta por parte de él, pero solo me contestó un mensaje de WhatsApp diciéndome que buscaría un momento para darme una cita”, narró Millán en su denuncia.

Millán inició dos procedimientos contra Mejía: uno en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Instituto de la Mujer en la entidad, por los insultos y tratos misóginos por parte del funcionario estatal.

Otro más, de carácter penal ante la Fiscalía del Estado por corrupción, desvíos de recursos públicos, ejercicio indebido del servicio público, abuso y lo que resulte.

“Por tus pendejadas de la denuncia ya se hizo un cagadero, así que tienes dos opciones, renuncias o te despido, sino atente a las consecuencias”, le advirtió Mejía a Millán por WhatsApp antes de ser separada de su cargo, mensaje que fue integrado a sus denuncias.

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