En sus redes sociales, el plantel universitario informó que durante el período 2022-1, diecinueve estudiantes de la Licenciatura en Enfermería realizarán una estancia académica como parte del programa “UAN Movilízate en Línea” que mantiene la universidad colombiana con aliados estratégicos para implementar nuevos métodos de colaboración en línea.

Al respecto, la Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, Directora de la FEV-UAT, dijo que la finalidad de la estancia es desarrollar en sus participantes habilidades ciberculturales e interculturales que fortalezcan su perfil profesional mediante la experiencia internacional.

Agregó que quienes realizarán esta movilidad podrán cursar créditos académicos tanto en la Universidad Antonio Nariño como en instituciones de educación superior aliadas, para ser homologados dentro del semestre académico que cursan.

Cabe señalar que cada una de las universidades participantes de este programa tiene una oferta de cursos en diferentes áreas de estudio, asesoran al estudiante en su proceso y certifican su participación.

Las asignaturas que los estudiantes de la UAT cursarán son: Cuidado Básico de la Familia, Calidad de los Servicios de Salud, Promoción de la Salud y Estilos de Vida Saludables.

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó hacerse cargo de la disputa por la desaparición del Programa Estancias Infantiles.

La Segunda Sala de la Corte notificó hoy su negativa a una solicitud del consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, para reasumir su competencia sobre uno de los amparos que jueces federales han concedido contra la desaparición del programa.

Con ello, no hay por ahora ningún recurso en la Corte que pudiera llevar a un pronunciamiento sobre la Constitucionalidad de la decisión del actual Gobierno, que eliminó el subsidio a las Estancias Infantiles, y lo reemplazó por un pago directo de mil 600 pesos bimestrales a los padres.

El pasado 9 de octubre, la Primera Sala de la Corte ya había desechado, por improcedente, una controversia constitucional que el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, promovió por este tema.

En ausencia de un criterio de la Corte, la mayoría de los amparos serán resueltos en definitiva por el Primero y Cuarto tribunales colegiados auxiliares de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, pues el Consejo de la Judicatura Federal ordenó el 23 de agosto concentrar todos los recursos pendientes en dichos órganos.

Lo anterior, salvo que la propia Corte decidiera intervenir en el tema ejerciendo su facultad de atracción sobre algún amparo, lo que estas alturas es poco probable.

Scherer había pedido a la Corte revisar la sentencia dictada por Sandra Domínguez Villalba, secretaria en funciones de Jueza Primera de Distrito en Chihuahua, que el pasado 28 de junio amparó a una estancia y tres familias.

La juzgadora consideró que la reducción de recursos para Estancias Infantiles en el Presupuesto de Egresos de 2019, y su posterior reemplazo por pagos directos, violó el principio de progresividad de los derechos humanos y el interés superior del menor.

“Esta juzgadora no advierte que se hayan justificado los extremos anteriores de manera alguna, ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo, simplemente se redujo el monto de apoyo al programa y fue eliminada una de las modalidades de su aplicación (impulso a estancias infantiles)”, dice la sentencia.

Pero la reasunción de competencia enfrentaba obstáculos técnicos, pues la disputa se centra sobre las Reglas de Operación para un programa social, mientras que la competencia originaria de la Corte solo aplica para revisar normas de mayor jerarquía, como las leyes.

La negativa de la Segunda Sala no afecta las suspensiones que jueces han otorgado a cientos de estancias para que la Secretaría de Bienestar les siga pagando el subsidio de 950 pesos mensuales por niño, mientras se resuelven los juicios.

La Segunda Sala tampoco ha aclarado si las suspensiones deben o no ser concedidas, pues ha declarado inexistentes varias contradicciones de tesis sobre el tema.

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CIUDAD DE MÉXICO.- De las 9 mil 582 estancias infantiles que estaban registradas en el 2018, 3 mil 872, un 40 por ciento, incumplieron con una o varias reglas de operación.

Sin embargo, en el listado no aparecen faltas administrativas que impliquen mal uso de recursos públicos.

Entre los principales lineamientos que desobedecieron, según el registro que recibió la Secretaría de Bienestar del Gobierno anterior, está contar con un expediente por cada menor, así como de sus padres; el año pasado, 2 mil 240 centros no cumplieron con ese requisito.

En las supervisiones, en 2 mil 409 se detectó que no contaban con el personal suficiente para brindar los servicios de cuidado y atención infantil, el cual consistía en un asistente por cada ocho menores y otro por cada pequeño con algunas discapacidad.

El informe de la Secretaría del Bienestar, entregado vía transparencia a REFORMA, señala que la Administración anterior emitió 3 mil 318 notificaciones para dar de baja temporal a igual número de centros de cuidado por corregir deficiencias.

Sin embargo, no se aclara si éstas fueron cerradas por un tiempo o finalmente cumplieron.

En la mayoría de los casos, 2 mil 342, la irregularidad fue no contar con el personal suficiente.

A 18 se les acusó de manipular, ocultar, sustraer o retirar los registros de asistencia de los menores o se les pidió a los beneficiarios firmar dicha lista aunque no acudieron.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y las titulares de Bienestar han acusado a las estancias de tener registrados a niños fantasma y cobrar el apoyo.

Sin embargo, en las irregularidades no se reportó alguna estancia por “obtener indebidamente los apoyos que otorga el programa” o que presentó información falsa o documentos apócrifos o alterados para cumplir con los requisitos y recibir el beneficio de 950 pesos por niño.

En la documentación que dejó la Secretaría de Desarrollo Social tampoco se registró ningún caso de maltrato infantil, y no se emitieron notificaciones para dar de baja definitivamente a estas guarderías.

Otras de las principales quejas era no tener iluminación, ventilación, orden e higiene en las áreas de actividades, de alimentación y en los baños.

Unas 412 estancias no pidieron la colaboración de Protección Civil para organizar simulacros al menos una vez cada dos meses.

En 433, aunque las ventanas estaban fuera del alcance de las menores, no tenían película de protección anti estallante o para dificultar su fragmentación, además de que en algunos casos estaban rotos, perforados o estrellados.

Las autoridades anteriores reportaron que 194 no contaban con techos, muros y pisos no inflamables o tratados con materiales retardantes de fuego.

Unas 646 no carecían de un detector de humo por cada área; se reportaron a 757 por no contar con un programa interno de Protección Civil o documento equivalente; a 293 se les llamó la atención porque no prestaban el servicio de ocho horas; y unas 790 no realizaron un control de plagas, al interior y exterior.

Entre estas 3 mil 872 estancias, había algunas que tenían más de 60 irregularidades, como Ma Lupita, ubicada en Tijuana, Baja California, que tenía 62 incumplimientos, sin embargo, corrigió varios de los errores, pero se le envió una notificación de baja temporal debido a que la responsable no estuvo presente en dos supervisiones sorpresa.

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Con la cancelación del programa de Estancias Infantiles el Gobierno federal violó los derechos de los niños y niñas, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ello, el organismo presentó la Recomendación 29/2019, la primera emitida por actos realizados ya en la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El primer visitador, Ismael Eslava, explicó que las violaciones se dieron incluso desde antes al reducir en 50 por ciento el presupuesto destinado para el programa de Estancias Infantiles, cuando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que debía contar al menos con los mismos recursos que el año anterior.

Sobre la eliminación del programa de Estancias Infantiles, que se concretó el 28 de febrero con la publicación en el Diario Oficial de las reglas de operación del programa Apoyo al Bienestar, Eslava destacó que al sufrir cambios sustanciales se debió presentar diagnóstico especial, lo que no ocurrió.

La CNDH también encontró irregularidades en el censo realizado para el nuevo programa Apoyo al Bienestar, por lo que 6 mil 620 menores de edad que eran beneficiarios de las Estancias Infantiles dejaron de recibir el apoyo del Gobierno federal.

“(Se transgredió) el interés superior de la niñez en primera infancia, por la reducción presupuestal el programa de Estancias Infantiles y la cancelación de éste por la eliminación del apoyo para infraestructura y por las transferencias monetarias directas a madres y padres”, sentenció Eslava.

Los derechos a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, así como a un sano desarrollo, a la educación y a la participación de niños y niñas, también fueron violentadas, dijo el visitador.

También, se violaron derechos de los trabajadores de las estancias y los padres de los menores.

Por ello, la CNDH pide a la Secretaría de Bienestar el pago retroactivo de los subsidios a las Estancias Infantiles, así como establecer un mecanismo que restituya los derechos vulnerados, así como un instrumento para la verificación del uso de los apoyos económicos entregados.

La Recomendación también fue dirigida a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

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