Los recursos empezaron a transferirse en 2017 a Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas registra como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en las orillas de Temixco, Morelos.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al menos 26 millones de pesos se justificaron en el papel con supuesta publicidad institucional en kioscos, espectaculares y en autobuses de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, así como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El resto del dinero fue desviado bajo el falso concepto de renta de equipos de sonido, muebles, tarimas y carpas, pero ninguno de esos servicios pagados fue realizado, según lo confirmó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La primera transferencia del Gobierno de Tamaulipas al Grupo Publicitario Adar fue el 5 de octubre de 2017 a las 10 de la mañana con 7 minutos.

Ese día y a esa hora se traspasaron 3 millones 480 mil pesos desde una cuenta en BBVA Bancomer de la Secretaría de Finanzas a una cuenta de Adar con terminación 4091 en Banco Afirme.

Dos semanas antes de ese traspaso, el vocero del Gobernador había firmado la orden de pago y en el documento se colocó el sello “Recurso ramo 28, participaciones federales”, y el número de cuenta del que salió el dinero.

Aquella primera transferencia amparaba dos facturas emitidas el 14 de septiembre de 2017, por “Servicio de difusión institucional del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante mantas publicitarias adheribles en camiones en rutas de la CDMX, Monterrey y San Luis Potosí. Publicidad en carteleras ubicadas en las principales avenidas”.

En los siguientes meses las transferencias a la misma empresa se multiplicaron, pero ahora desde una segunda cuenta del Gobierno de Tamaulipas en Banco Santander, en donde estaba depositado el dinero del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone).

Mediante ese fondo, la Federación cubre el sueldo del personal de educación básica que ocupa las plazas transferidas a los estados.

En los pagos que salieron desde esa cuenta también se colocó un sello con la leyenda “Recurso federal”, y la firma de autorización de Héctor Escobar Salazar, quien fungía como Secretario de Educación de Tamaulipas y quien actualmente es diputado local.

El mismo funcionario validó transferencias bancarias de un tercer fondo federal denominado “Programa Nacional de Convivencia Escolar” a favor de Adar. Además, esa empresa emitió 58 facturas o comprobantes fiscales a Servicios de Salud de Tamaulipas por 7.7 millones de pesos.

El mayor contrato con esa dependencia fue por 997 mil pesos, pero no para dar atención médica o de salud, sino para la renta de un salón de eventos, muebles, equipo de audio e iluminación, alquiler de habitaciones y pago de alimentos.

El Gobierno de Tamaulipas pagó 135 facturas a la empresa fantasma; 107 emitidas en 2017 por un monto superior a los 14 millones de pesos y 28 en 2018 por 25 millones de pesos, por conceptos tan diversos como gastos de orden social y cultural, renta de equipos y enseres para eventos escolares como entregas de anteojos, honores a la bandera, ferias ambientales o reuniones de trabajo de profesores; así como por la colocación de mantas publicitarias.

Este desvío es diferente a los de anteriores acusaciones que han formulado la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el Gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca.

En febrero, la Fiscalía solicitó el desafuero del Mandatario panista por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero.

Recién creada

Grupo Publicitario Adar SA de CV se constituyó el 19 de febrero de 2016 ante el notario público 94 de la Ciudad de México, Erik Namur Campesino, y su acta fue inscrita al mes siguiente en el Registro Público de Comercio de la misma capital del País.

Sin embargo, sus representantes legales no fijaron el domicilio fiscal en la Ciudad de México, sino en Temixco, Morelos, en una casa de la Colonia popular Alta Palmira, en la que nadie identifica a esa empresa.

Una auditoría del SAT detectó que la empresa carecía de personal y de activos fijos, esto es, mobiliario o equipo para realizar su actividad de elaboración de artículos publicitarios.

Pese a que carecía de infraestructura y empleados, reportó en 2017 operaciones amparadas en comprobantes fiscales por 105 millones de pesos, y el mismo año declaró una pérdida fiscal en la determinación del Impuesto Sobre la Renta. Para entonces ya recibía transferencias del Gobierno tamaulipeco.

“No es concebible que realice prestación de servicios, entre otro tipo de actividades, sin contar con el personal o capital humano”, advirtieron los auditores.

Ante los indicios de que se trataba de una “facturera”, que emitía comprobantes por operaciones simuladas, el SAT envió una notificación a la empresa el 10 de septiembre de 2018, exhortándola a demostrar que sus actividades eran legales.

Al no haber respuesta, Adar fue incluido en el listado definitivo de empresas fantasma el 6 de junio de 2019, con lo que los comprobantes fiscales expedidos carecen de validez porque los servicios descritos en cada una de las facturas no pudieron ofrecerse porque la compañía no contaba con empleados ni infraestructura, según la auditoría.

Agencia Reforma

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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Debido a que la recaudación estatal aumentó un 20.5 por ciento y esto generó ingresos de hasta 47 mil millones de pesos para la federación, el gobierno de Tamaulipas demandó un aumento de recursos equivalente a 9 mil 400 millones de pesos.

El líder del Congreso local y Diputado del PAN, Gerardo Peña, precisó que esta semana se reunieron en la Ciudad de México integrantes de la Comisión Especial para Concertar a la Convención Nacional Hacendaria, con el fin de concretar una estrategia en este tema. 

Peña precisó que la idea es que se reconozca el porcentaje del crecimiento anual que los Estados presentan en términos de recaudación.

“En el caso de Tamaulipas se ascendió 20.5 por ciento de un año al otro, significando a la Federación 47 mil millones de pesos; este porcentaje se espera sea reconocido en favor del Estado, lo que traducido serían 9 mil 400 millones de pesos para Tamaulipas”, expresó.

Bajo este esquema financiero, dijo, se motivaría la recaudación estatal y se pondrían todos los estados a trabajar en el rubro.

“Bajo la lógica de quien más trabaja más gana, pues el principal beneficiado sería el Gobierno Federal a quien no le costaría invertir para obtener más recursos, pero también los Estados y Municipios, sobre todo, los ciudadanos que tendrían mejores servicios y mejor infraestructura”, subrayó.
Pide Edil 6 mil millones para Fortaseg
El Alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, pidió que se aumente a 6 mil millones de pesos los recursos previstos para el Fortaseg dentro del Presupuesto federal del 2020.

González criticó el acuerdo alcanzado el martes entre legisladores federales y Alcaldes del País, donde pactaron dejar el fondo para la seguridad de los municipios en 4 mil millones de pesos, igual que en 2019, tras el recorte previsto de mil millones de pesos del próximo año.

“Estamos pidiendo que sean 6 mil millones o sea que no disminuyera del 2018, 2019 y 2020”, indicó.

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