“Sí, sí todo ese proceso acabará lamentabilísimamente en la aprobación de esta reforma, por supuesto que nosotros vamos en esta y en cualquier otra, en donde detectemos una flagrante inconstitucionalidad, presentar una acción de inconstitucionalidad”, aceptó.

El líder de los panistas en San Lázaro cuestionó la iniciativa del Ejecutivo federal al priorizar la autorregulación del Estado, la falta de competitividad y el posible riesgo para el desarrollo económico del país.

“Para el desarrollo económico del país, para que como país crezcamos económicamente, se tiene que dar la concurrencia entre estado y particulares. Esa es nuestra forma constitucional de crecer económicamente y esta reforma lo que pretende es que en un sector económico como es el sector energético ya solo participe y se auto regule el Estado, y por supuesto que ese es argumento suficiente para un acción de inconstitucional flagrantemente violatoria”, argumentó.

Ante la posibilidad de que la bancada del PRI, quienes forman parte de la Alianza Va Por México, vote en favor de la Reforma Eléctrica, con Morena y sus aliados, el coordinador del PAN respondió que “una alianza no son los dichos, son hechos”, sin querer adelantarse a si la alianza continuaría en San Lázaro al no ir en bloque como oposición de Morena en una reforma constitucional como establecía la alianza.

“Una alianza no son los dichos, son los hechos. Estamos al borde de la determinación de los hechos. Si en los hechos nos conservamos como una alianza legislativa, proseguiremos como alianza, ergo entiéndase lo que significaría los 180 grados de diferencia”, respondió.

Romero Herrera aseguró que si el Ejecutivo federal evidencia a los diputados que voten en contra de la Reforma Eléctrica en su mañanera, sería “un gran favor para los panistas”.

Agencias

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Y es que, el pasado 8 de abril, el Legislativo local dio luz verde para que el Gobierno Estatal pueda contratar una línea de financiamiento hasta por 4 mil 600 millones de pesos. El argumento fue que el recurso sería para inversiones públicas productivas que den oportunidad de enfrentar la crisis económica y de salud generada por el coronavirus (Covid-19).

Mediante un documento enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la oposición en el Congreso local solicita el “apoyo y colaboración, a efecto de garantizar a los tamaulipecos que se impida la afectación de sus recursos que por concepto de impuestos se destinen al Estado de Tamaulipas, para el desarrollo social, seguridad y salud que deben ser garantizados por el estado al tenor de lo siguiente”.

Además, según la carta enviada, los legisladores le piden a Hacienda que intervenga con el propósito de que el 4% que dichas participaciones no puedan ser gravadas, afectadas o destinarse a mecanismo de fuente de pago, por estar sub judice hasta en tanto no sea resuelto de manera constitucional el decreto impugnado, conforme a las facultades legales que le permiten, como puede ser que, se restringa su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, como requisito legal para obtener el crédito correspondiente u otra que conforme a la ley corresponda.

De igual forma, se anuncia que promovieron ante la Suprema Corte una acción de Inconstitucionalidad a efecto de controvertir el decreto y la acción legislativa que autorizó la petición del Ejecutivo Estatal.

“ Esto en razón de que se violó la obligación constitucional prevista en el artículo 117, fracción VIII de nuestra Carta Magna, dado que se vulneraron los principios del debido proceso, así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, así como invariablemente los principios de certeza y seguridad jurídica que prevén los diversos 14 y 16 del mismo ordenamiento fundamental del país”.

Por su parte, Alejandro Rojas, publicó en sus redes sociales que apoya esta acción, además iba acompañada de un video, sin embargo fue borrado una hora más tarde.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional, para que se resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos.

El organismo explicó, en un comunicado, que señaló omisiones legislativas y presentó argumentos sobre partes muy específicas de las leyes, es decir, no impugnó las leyes en su totalidad.

Abundó que se trata de las leyes sobre el Uso de la Fuerza, el Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de dichos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial”, argumentó.

La CNDH indicó que el Congreso de la Unión incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse.

A continuación, se presentan las impugnaciones presentadas por el organismo sobre las leyes que regulen el actuar del cuerpo de seguridad.

-La facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna -para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas-, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.

-Inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

-La posibilidad de la utilización de armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, vulneran los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de reunión.

-La reserva absoluta, previa, permanente e indeterminada de toda la información, restringiendo el acceso a esta y estableciendo una prohibición expresa para su acceso al público, independientemente de su contenido o naturaleza.

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