En un comunicado subido a sus redes sociales y fechado en Massachusetts, el ex funcionario peñista rechazó las irregularidades sancionadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que no ocasionó ningún daño o perjuicio económico.

“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Función Pública”, indicó.

“Y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, abundó el también ex Secretario de Relaciones Exteriores.

La SFP determinó sancionar a Videgaray con la inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, al acreditarse la falta de veracidad en declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.

Videgaray argumentó que las cuentas bancarias a que se refiere la SFP, de los años 2015, 2016 y 2017, son en realidad tarjetas de crédito que no tenían “saldo deudor” a la fecha del reporte de cada declaración.

“Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos, (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones”, explicó.

“Las declaraciones son veraces, pues no se ocultaron pasivos, y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP, pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado”.

El ex Secretario aseveró que en el oficio mediante el cual fue notificado de la determinación de la Función Pública, la dependencia expresamente reconoce que no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones.

“Y que no generó ningún daño o perjuicio económico”, añadió Videgaray, quien confirmó que recibió la notificación de la Función Pública desde el pasado 11 de mayo.

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Por 10 votos contra uno, la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción administrativa impuesta el 12 de abril de 2019 por la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial.

El fallo puede ser impugnado por la constructora a través de un amparo directo, recurso que eventualmente deberá resolver un tribunal colegiado de circuito.

La irregularidad sancionada se registró en el contrato para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, suscrito por Pemex Refinación con la empresa brasileña el 15 de febrero de 2014, por poco más de 2 mil 315 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo sancionador, Odebrecht actuó con dolo al realizar cobros en exceso por 8 millones 595 mil 598 pesos por costos de financiamientos en 14 estimaciones y 13 millones 900 mil 283 pesos por utilidades. En total, el cobro indebido fue de 22 millones 495 mil 882 pesos.

Una parte de la inhabilitación precisa que la utilidad cobrada en exceso fue computada utilizando el 10.823 por ciento a la suma de los costos indirectos, directos y costos de financiamiento.

“Al estar excedida la base sobre la que fue calculado el cargo por utilidades específicamente en la parte relativa a costos indirectos y costos de financiamiento, ese cargo por utilidad también fue cobrado por Constructora Norberto Odebrecht en exceso”, dice.

En el juicio de nulidad que presentó el consorcio sudamericano, argumentó que la inhabilitación carecía de fundamento y motivación, ya que no se acreditan todos los elementos de la anomalía administrativa ni un error de cálculo en los costos por financiamiento, costos indirectos ni el cargo por utilidad.

También expuso que se desconocieron las pruebas en su descargo, que el contrato se apegó a la buena fe y honradez, y que no existen elementos para acusar un dolo, ya que la cotización no puede ser un elemento para demostrar un supuesto pago indebido a su favor.

Pero Manuel Hallivis Pelayo, magistrado ponente, enumeró una serie de oficios, facturas, dictámenes contables, convenios modificatorios, estimaciones y análisis de precios unitarios, para estimar que la sanción fue debidamente fincada.

Estableció que la determinación del costo y financiamiento fue erróneo, al no haberse considerado que de febrero a julio de 2014 Odebrecht tuvo ingresos y flujos positivos que, lejos de causarle costos, generaron productos financieros que debieron computarse para calcular el costo de financiamiento.

“Odebrecht no desvirtúa el hecho de haber cobrado en exceso al realizar el cálculo por concepto de costos de financiamiento… sin que ofreciera evidencias la parte actora que probaran que lo determinado por la autoridad es erróneo”, dijo el magistrado durante la sesión de este miércoles.

Hallivis también desestimó en su proyecto de sentencia concederle a los brasileños la reposición del procedimiento, con el argumento de que el 25 de marzo de 2019 la Secretaría de la Función Pública desechó como prueba de descargo el testimonio del residente de obra de Pemex Refinación, Marco Antonio Sierra Martínez.

El magistrado expuso que la SFP giró oficios para obtener el domicilio del ex funcionario y que, una vez obtenido, se le giraron citatorios. Si bien nunca compareció, el magistrado dijo que eso no es una ilegalidad porque se hizo todo lo posible por comparecerlo pero “nadie está obligado a lo imposible”.

Esta no es la única sanción administrativa contra Odebrecht y sus filiales, ya que en otros tres procedimientos la SFP les impuso dos inhabilitaciones, una por 3 años y otra por 2 años con 6 meses, así como una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos.

Agencia Reforma

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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió el 13 de noviembre sendas suspensiones en los juicios contenciosos promovidos por Pisa y Dimesa para impugnar las inhabilitaciones por 2 años y 6 meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) difundió el 21 de octubre.

La SFP determinó que las inhabilitaciones quedarán sin efectos a partir de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de circulares que informen a las dependencias federales sobre las suspensiones en favor de Pisa, concedidas por una Magistrada de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA.

Dichas circulares aún no han sido publicadas en el DOF, por lo que la SFP puede impugnar las suspensiones mediante recurso de reclamación, que resuelven los tres magistrados de la Sala.

Las suspensiones también frenan el cobro de multas que suman 2.3 millones de pesos, para lo cual Pisa ya presentó las garantías necesarias al tribunal.

Las suspensiones permitirán a Pisa y Dimesa participar, si lo desean, en la licitación consolidada de medicamentos para 2021, que el Gobierno llevará a cabo por medio de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), misma que aún no ha sido convocada.

Además, las empresas podrán seguir compitiendo por otros contratos públicos con recursos federales, pues dependencias de todo el sector salud, entre ellas delegaciones estatales del IMSS e ISSSTE, Sedena, Pemex, hospitales locales e institutos nacionales, siguen licitando o adjudicando cotidianamente compras de este tipo.

Pisa ha ganado contratos públicos por más de 28 mil millones de pesos, 4 mil millones de ellos en lo que va de este sexenio, mientras que Dimesa los obtuvo por cerca de 52 mil millones de pesos, y todavía en noviembre de 2019 ganó 113 de las 632 partidas de la licitación consolidada de medicamentos para 2020, convocada por la Secretaría de Hacienda.

La SFP inhabilitó a Pisa y Dimesa por “proporcionar información falsa y actuar con dolo” en un contrato de enero de 2017 para servicio de anestesia en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

El juicio ante el TFJA, que puede durar varios años porque su sentencia es revisable ante un tribunal colegiado de circuito, determinará si las empresas efectivamente incurrieron en estas conductas, pero mientras tanto, las inhabilitaciones están congeladas.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido que no procede suspender las inhabilitaciones para recibir contratos públicos, pero esta jurisprudencia sólo aplica en juicios de amparo ante jueces de Distrito, no en los juicios contenciosos que se tramitan ante el TFJA.

Agencia Reforma

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