Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) avaló la sanción notificada en septiembre de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Durante la presentación de la sentencia, el Magistrado Carlos Mena Adame detalló que la SFP ya había determinado la presunta responsabilidad de Robles Berlanga desde el 14 de noviembre de 2018; es decir, antes del inicio del actual sexenio.

 La propia Robles fue la que pidió a la SFP, el 31 agosto de 2017, realizar un análisis para aclarar la evolución de su situación patrimonial, cinco días antes de la publicación del reportaje La Estafa Maestra, que reveló un esquema de desvío de recursos federales a través de universidades públicas y empresas fantasma, por el cual la ex funcionaria lleva dos años en prisión.

  Mena narró que el procedimiento administrativo de responsabilidad contra Robles inició el 30 de noviembre de 2018, último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, con base en un informe de investigación de la SFP, entonces encabezada por Arely Gómez, que concluyó que existía la falta grave de no declarar con veracidad sobre el patrimonio.

 La cuenta omitida sólo tenía saldo de 2 mil 887 pesos y, según los abogados de Robles, nunca tuvo movimientos. Se trata de una cuenta de nómina abierta en Banco Santander en 2008 y cancelada en 2016 que, según los magistrados, de todos modos debió aparecer en las declaraciones patrimoniales sin importar el monto.

 El TFJA rechazó alegatos de que la sanción fue excesiva, pues la inhabilitación de diez años es la mínima que prevé la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 La también ex titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puede impugnar la sentencia de hoy mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito.

 Robles está bajo proceso por ejercicio indebido del servicio público, porque supuestamente fue omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos que perpetraron sus subordinados en Sedatu y Sedesol.

 “Se me inhabilita por diez años por no reportar dos mil pesos, que no eran míos, en mi declaración patrimonial y lo hace quien tiene múltiples propiedades e, inexplicablemente, una propiedad patrimonio de la CDMX. Tampoco se toca a ex funcionarios que no declararon propiedades multimillonarias, y que forman o han sido parte del actual Gobierno. ¿No, acaso, el buen juez por la casa empieza?”, dijo Robles el pasado 11 de agosto en una carta en redes sociales, haciendo alusión a Irma Eréndira Sandoval, ex titular de SFP que le impuso la sanción en 2019.

Reforma

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La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.

Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Por: Redacción.

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Las empresas sancionadas por los Órganos Internos de Control (OIC) son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México.

Todos son proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a los que causaron daños graves al obstaculizar el trabajo del personal médico y la atención a la salud de los derechohabientes.

La empresa Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos, incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario.

A su vez, el corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos, dañó gravemente las condiciones laborales de personal médico del ISSSTE al incumplir con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

En su caso, la empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases. Por cada uno el OIC en la institución le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos

En lo referente a Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos, por afectar el derecho de acceso a la salud ante la falta de entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos para proporcionar una correcta y oportuna atención médica a los derechohabientes.

Por su parte, la empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

La Función Pública también impuso a la empresa Dibiter una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir sendos contratos con el IMSS y el ISSSTE con lo que infringió el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La empresa Med Prime, a su vez, fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una, luego de investigaciones realizadas por el OIC en el IMSS que determinaron que presentó información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Por su parte, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos  por incumplimiento de contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE.

A su vez, la empresa Clayton de México fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos, al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

Con respecto a las sanciones, la secretaria Sandoval Ballesteros puso de relieve el trabajo de los OICs en la revisión y seguimiento de todos los procedimientos en materia de adquisiciones y contrataciones, sobre todo en el ISSSTE y en el IMSS durante estos tiempos de pandemia por Covid-19.

Por: Redacción.

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“La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, mediante la resolución de fecha 5 de octubre, impuso a Miguel Ángel Mancera Espinosa, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Administración Pública de la Ciudad de México, por el término de un año”, cita la resolución.

La Sala Regional Especializada del Tribunal determinó existente la infracción consistente en la vulneración al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, por parte de Miguel Ángel Mancera, dando vista a esta Secretaría de la Contraloría para efecto de ejecutar la sanción que corresponda al ahora Senador Electo por Representación Proporcional.

La sanción se impuso con motivo del Procedimiento Especial Sancionador promovido por el PRI en marzo del 2018, en contra de Mancera, por promover promocionales a favor de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia por la coalición “Por México al frente” y el PAN.

En dicho procedimiento se imputaba a Mancera la presunta vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad, ya que a juicio del partido promovente, dicha participación buscaba influir en el electorado desde su posición de servidor público.

La resolución no le impide continuar con su desempeño como senador.

Agencia Reforma

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Esto luego de investigaciones en las que se determinó que la farmacéutica presentó información falsa al celebrar un contrato con la Secretaría de Salud para la adquisición de la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis, por lo que se le inhabilitó por 27 meses y se le multó con un millón 124 mil 370 pesos.

Además, se halló que la empresa también presentó información simulada al celebrar otro contrato con la Secretaría de Salud para la adquisición de la vacuna anti hepatitis B 10 mg, por lo que se le impuso otra inhabilitación por 27 meses y otra multa por un millón 88 mil 100 pesos.

“En lo que va de la presente administración, la Función Pública ha desplegado una estrategia de supervisión de las instituciones de salud para prevenir y sancionar actos de corrupción que afecten los servicios ofrecidos a la población”.

De acuerdo con la SFP, a la fecha se han impuesto inhabilitaciones y multas a seis empresas farmacéuticas, y mantiene investigaciones en contra de otras empresas del ramo por infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las circulares parar notificar a las dependencias, entidades, empresas productivas del Estado y equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con la proveedora fueron publicadas hoy en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación:

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MÉXICO- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que sancionó con destitución e inhabilitación por 10 años al administrador del Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y gerente en Pemex Exploración y Producción, quien colaboró en la administración de Enrique Peña Nieto y está presuntamente implicado en la Estafa Maestra.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, refirió que luego de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019, la SFP acreditó que el ahora ex servidor público omitió declarar cuentas bancarias de entre 2014 y 2017, a nombre de dos dependientes económicos.

“La falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales constituye una falta grave de acuerdo con la fracción XV del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en el momento de los hechos investigados”, refirió a funcionaria federal.

El hoy sancionado, junto a otros altos funcionarios, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 como firmante de contratos con instituciones de educación superior y empresas vinculadas a la llamada Estafa Maestra en Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Al haberse notificado al servidor público la resolución, se mantiene pendiente de su cumplimiento y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias” aseguró Sandoval Ballesteros.

La persona sancionada no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años y como consecuencia también debe ser destituido de su encargo, informó la SFP en un comunicado.

NTX/EZP/MTG

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En un par de circulares publicadas este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP informa a las dependencias y entidades del Gobierno Federal que estarán impedidas para celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic S.A. de C.V. y Laboratorios Solfran S.A.

“Las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, señaló la SFP.

En el caso de Lomedic, la Circular establece que en las resoluciones dictadas el 9 de septiembre pasado, a las dos empresas también les fueron impuesto multas, cuyo monto no fue dado a conocer.

El 31 de mayo pasado, Lomelí renunció a su cargo, mes y medio después de REFORMA diera a conocer que poseía una extensa red de empresas que en los últimos 13 años le había permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.

El 12 de julio, el funcionario renunció a su cargo y tres días después se conoció que la SFP había iniciado varias investigaciones en su contra por diversas irregularidades detectadas en su declaración patrimonial y denuncias recibidas.

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