Taraciuk Broner afirmó que en la región ocurren ataques a la sociedad civil. En el documento, publicado ayer, la organización analizó las condiciones de derechos humanos en casi 100 países.

Entre ellos destacó los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, respecto a abusos contra disidentes y alteraciones en los procesos electorales.

El gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno.

En tanto, las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin garantías democráticas, luego de que el gobierno que encabeza Daniel Ortega ordenó el arresto de siete candidatos opositores.

Por su parte, en el caso de Venezuela, Human Rights Watch ha reiterado la arremetida contra opositores y la desigualdad de condiciones para competir en elecciones, lo cual dificultó que todos los votantes pudieran ejercer sus derechos libremente, aseguró el documento.

En ocasiones, gobiernos de la región utiliza las restricciones ligadas a la pandemia para inhibir protestas. O bien las restricciones han frenado el acceso a la escuela entre los niños de la región, concluyó HRW.

Agencia

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En un comunicado, el tribunal “ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas” por el ministerio de Sanidad español, que afectan a 4.5 millones de personas, de la ciudad de Madrid y algunos municipios aledaños.

Los residentes de estas zonas sólo pueden salir de su localidad para ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.

La región de Madrid registra unos 700 casos por cada 100 mil habitantes, frente a los 300 casos por 100 mil del resto del país.

El confinamiento parcial de la población se aplicó después de u intenso jaloneo entre las autoridades del gobierno central de izquierdas y las que dirigen la comunidad de Madrid, de talante conservador, que se oponían a estas restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas.

Las autoridades regionales habían presentado este recurso, argumentando que las medidas decretadas por el gobierno central no tenían “validez jurídica”.

En su decisión del jueves, el tribunal concluye que ley que ampara estas medidas no permite limitar derechos fundamentales de la población.

“Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley”, dice textualmente la decisión judicial.

El tribunal concluye admitiendo que es “consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes” que sufre el país, y de “la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces (…) para proteger la salud de los ciudadanos y contener la propagación de la enfermedad (…) entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”.

España ha registrado 800 mil contagios y 32 mil fallecidos por coronavirus hasta el momento y es proporcionalmente a su población uno de los países más afectados de Europa.

Agencias

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