Durante la sesión de este martes, diputados de Morena intentaron llevar a cabo la discusión de las observaciones al presupuesto para el año fiscal 2022.

Sin embargo, el diputado Félix Fernando García Aguiar, coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Imelda Sanmiguel Sánchez, “evitar que este Congreso se preste a realizar debates en comisiones y pleno, que no tienen o tendrán ya un efecto legal, y que pueden ser considerados una auténtica simulación”.

De acuerdo con la reglamentación estatal, el artículo 72 Constitucional, establece un plazo límite para responder a las observaciones enviadas por el Ejecutivo, y de manera expresa consigna:

 “En todo caso, la formulación y desahogo de las observaciones se hará dentro del plazo que establece esta Constitución para la vigencia del año fiscal”.

Señaló García Aguiar que el Pleno aprobó el Presupuesto el día 15 de diciembre. El día 17 de diciembre el Congreso lo presentó al Ejecutivo, para que en un término de 5 días hiciera sus observaciones o si no, lo publicara antes del 31 de diciembre.

El día 20 de diciembre de 2021, 3 días después a recibir el Decreto, el Ejecutivo presentó al Congreso las observaciones, con fundamento en el Articulo 72 Constitucional por conducto del Secretario General.

Ante estas observaciones, la presidenta de la Mesa Directiva decidió declarar concluido el plazo de alegato a las observaciones, y de paso señalar a los diputados de Morena que no se puede legislar con ignorancia de las Leyes.

Por su parte el diputado el presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación y Deuda Pública, Isidro Vargas aseguró que se debió turnar a la misma comisión según el artículo 121 de la Ley Interna del Congreso.

“Estamos en el plazo de la Ley Interna del Congreso, se atravesó el periodo vacacional, entró la permanente, la permanente recibió los oficios de observaciones (…) la Presidencia de la Mesa Directiva debió turnar a las comisiones las observaciones para que determinara lo conducente”.

Asimismo, denunció que el PAN violó los acuerdos tomados en la Junta de Coordinación Política del Congreso al haber tomado esas acciones.

“Así se manejan los de Acción Nacional, con base en puras triquiñuelas, desviando la ley, no respetando la ley interna, ir en contra de la Constitución, y porque así estaban acostumbrados. No respetan la autonomía del Poder Legislativo”.

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Durante dos semanas, la FGR trató de convencer al juez de control Iván Aarón Zeferín, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para que ordenara la captura del Gobernador de Tamaulipas y dos empresarios, sin lograrlo.

Un día después de que la Cámara de Diputados autorizara proceder penalmente contra Cabeza de Vaca, la Fiscalía pidió su captura por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, aunque el Legislativo autorizó imputarle sólo este último delito.

La aprehensión fue solicitada por Elizabeth Alcántar, fiscal de la Unidad Antilavado de la SEIDO, a pesar de que el mismo 30 de abril el Congreso de Tamaulipas había rechazado homologar la decisión de la Cámara de Diputados de retirarle el fuero al mandatario estatal.

Conforme a información del Poder Judicial de la Federación, la FGR también pidió las capturas del constructor Baltazar Higinio Reséndiz Cantú, contratista del Gobierno de Tamaulipas, y Juan Francisco Tamez Arellano, cuya empresa T Seis Doce compró a Cabeza de Vaca su departamento de Santa Fe por más de 42 millones de pesos.

El 2 de mayo, el juez Zeferín le pidió a la fiscal Alcántar precisarle dos aspectos en su solicitud de aprehensión contra el Gobernador, conforme al deber de lealtad.

“Si de conformidad con el artículo 111 constitucional, tal persona goza de fuero constitucional en la actualidad”, pidió el juez.

“Si derivado de ello, existe algún impedimento constitucional o legal para proceder penalmente en su contra. Lo anterior, para el efecto de que este juzgador pueda pronunciarse respecto al fondo de su petición”.

La fiscal respondió que el 30 de abril el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional, para suspender la judicialización del caso, pero aún estaba en trámite y sin determinación en la Corte.

El juez Zeferín, sin embargo, insistió en que no estaba satisfecho con la respuesta de la FGR a su requerimiento.

En forma sorpresiva, el 15 de mayo, cuando ya un ministro de la Corte había determinado que prevalecía el fuero de Cabeza de Vaca, la fiscal Alcántar informó al juez Zeferín que procedía solicitar la aprehensión.

El mismo día en que Alcántar envió este oficio al juez en Almoloya, Anselmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Antilavado, se vio obligado a enviarle otro escrito al juez para tratar de subsanar el error de su subordinada.

Jiménez agregó en su oficio la resolución del ministro González Alcántara, quien estableció que el gobernador mantenía su fuero debido a que el Congreso de Tamaulipas no autorizó retirárselo.

Agencia Reforma

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